Los empleados públicos tampoco se está librando de los retrasos en la renovación de los convenios colectivos que está acarreando la crisis. "Con la situación económica que hay es difícil encontrar fórmulas que den unas salidas razonables para todas las partes. En la Administración pública está siendo una constante", sostiene Ignacio Luis Cansado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT. Ejemplo de ello es, indica, la firma del convenio colectivo del personal laboral y del acuerdo para los funcionarios de la Administración general de la Junta "que lleva 16 meses de retraso", una demora que afecta a 15.291 trabajadores, "alrededor de un tercio del personal al servicio de la Junta de Extremadura".
Cansado añade que la crisis económica proporciona, en el caso de los funcionarios públicos, una dificultad añadida: "Reivindicativamente es un momento complicado, porque los empleados públicos somos a veces un punto de referencia negativo, porque se nos ve como trabajadores fijos, aunque luego no sea siempre así", subraya. Cansado también explica que, en el caso del personal laboral de la Junta, el retraso en la firma del convenio también está impidiendo que se beneficien de algunas mejoras salariales y de condiciones laborales reconocidas por el Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor en el 2007, y que están supeditadas a la negociación colectiva.
Francisco García Peña, secretario general de la Administración Pública e Interior de la Junta de Extremadura niega que se esté en una situación de parálisis: "No estamos parados. Estamos negociando desde hace meses y hemos llegado a acuerdos puntuales que se están incluyendo como adendas en el convenio vigente y en la Ley de Función Pública". García Peña reconoce que un proceso de renovación "conlleva incrementos retributivos que no son posibles de abordar dada la situación económica y presupuestaria de la economía en general y de la Junta en particular". Sea como fuere, puntualiza que algunos de los pactos a los que se ha llegado hasta ahora representan mejoras económicas importantes para los trabajadores, como el acuerdo sobre carrera profesional y evaluación del desempeño que supondrá, asegura, un desembolso de alrededor de 9 millones de euros. Otros acuerdos resaltados por García Peña atañen a las dietas, la transferencias de los hospitales psiquiátricos o la aprobación de un plan de prevención de riesgos laborales.
Sobre la posibilidad de que la Junta decida congelar las subidas salariales a sus empleados --si bien estos aumentos dependen en buena medida de lo que determine la Ley de presupuestos generales del Estado--, afirma "que no tenemos ninguna instrucción al respecto". "En principio, si la coyuntura económica actual se mantiene y no va a peor, no creo que se llegue a esa situación".
Además de estos trabajadores de la Administración regional, según el Consejo de Relaciones Laborales de Extremadura habría otros seis mil pertenecientes de mancomunidades, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos cuyos convenios serían susceptibles de ser renovados a lo largo de este año.
