Izquierda Unida y PSOE dieron ayer un paso más en su intento de desbloquear el proyecto de la puesta en marcha de una televisión autonómica extremeña. En este sentido, el socialista Francisco Fuentes y el izquierdista Cristóbal Guerrero presentaron la reforma legal que rebaja a tres quintos del Parlamento regional la mayoría necesaria para nombrar el consejo de administración de la empresa que gestionará la televisión regional, es decir, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.
Ambas formaciones han renovado el acuerdo que ya suscribieron sobre la televisión antes de los comicios autonómicos.
El primer resultado, que el martes llegará a la Asamblea la propuesta de reforma de la ley por la que se creó la empresa de radiotelevisión autonómica y que, entre otras cosas, señala que los nueve miembros del consejo de administración "serán elegidos por las tres quintas partes" del Parlamento. De esta forma, PSOE e IU tratan de desbloquear la situación creada por la actual norma, que fija en dos tercios esta mayoría cualificada, lo que hacía necesario el apoyo del PP para que el proyecto prosperase.
PROYECTO PRIORITARIO
Además, se ha fijado en cinco años el mandato del director general de la televisión.
Cristóbal Guerrero explicó que se trata de un asunto "urgente y prioritario", especialmente una vez que ya se ha incluído una partida económica en los presupuestos regionales del 2004. Tanto Guerrero como Fuentes invitaron al Partido Popular a sumarse a este proyecto y se mostraron "receptivos" a estudiar y negociar las enmiendas que quieran presentar los populares. El objetivo, reconoció Fuentes, es "que salga adelante por unanimidad".
Sin embargo, el diputado del PP Javier Casado puso en duda la legalidad de la propuesta de PSOE e IU y avisó que si se aprueba estudiarán la posibilidad de recurrir a los tribunales porque "contradice la legislación básica". Casado no quiso entrar a valorar que se trate de una norma similar a la que se aplica en Valencia y recordó que, además, la Junta no tiene la autorización administrativa del Ministerio de Fomento para emitir la señal, "y ése es un requisito ineludible".
El proyecto podría aprobarse en pleno en aproximadamente tres meses y ambos partidos descartan, al menos a corto plazo, que se ponga en marcha también una radio pública.
