La propuesta del nuevo modelo de financiación autónomica del Gobierno está ya en manos de todas las comunidades autónomas. Una propuesta que tiene como objetivo que las comunidades tengan más autonomía financiera y no dependan tanto del Estado, para lo que el Ejecutivo propone reducir las transferencias estatales del 30% al 10%, de forma que el 90% de sus recursos procedan de los impuestos cedidos, frente al 70% actual. El Gobierno también propone un incremento en la cesión de impuestos, con lo que la cesión de IRPF e IVA alcanzaría el 50%, mientras que en el caso de los impuestos especiales se situaría en el 58%.

El otro gran objetivo del modelo es, según dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes, que "cualquier ciudadano, independientemente de la CCAA donde resida tendrá la misma financiación para los servicios básicos". Para conseguirlo se crea un fondo de convergencia que compensará a las comunidades con menor riqueza y a aquellas que aportan más al Estado pero se quedan por debajo de la media en recursos per cápita.

SIN CIFRAS No hubo cifras en la comparecencia de Solbes y el vicepresidente económico, acompañado del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se limitó a explicar las líneas básicas de este nuevo modelo que, aseguró, permitirá que todas las comunidades tengan más recursos.

Además, el vicepresidente afirmó que con este sistema quedará garantizada la suficiencia de recursos para los servicios que presta la Administración central y se cumplirá con las previsiones de todos los estatutos.

El nuevo modelo de financiación del Gobierno distribuye la financiación de las CCAA en tres fondos: los dos existentes de garantía de servicios públicos fundamentales y de suficiencia global, al que se suma un nuevo fondo de convergencia con el que se busca corregir "excesos y defectos" del actual modelo.

El más importante de los tres en dotación será el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales que se financiará con "más de dos tercios" del total de los recursos y crecerá anualmente según la evolución de los recursos tributarios. Este fondo garantizará, según Solbes, la misma financiación para todos los ciudadanos y englobará "sanidad, educación y servicios sociales". El reparto se realizará con arreglo a criterios de población ajustada. Es decir, se tendrá en cuenta el número de habitantes, pero también la dispersión, insularidad, envejecimiento, población sanitaria equivalente (gasto según edad) y, como novedad, menores de 18 años.

Mientras, el de suficiencia global permitirá financiar el resto de competencias transferidas, que afectan a servicios que no se consideran fundamentales.

Uno de los puntos más novedosos de la propuesta del Gobierno es la inclusión de un tercer fondo, el de convergencia que contará con una dotación de recursos adicionales y albergará a su vez dos fondos.

El primero de ellos es el de competitividad, cuyo objetivo será reducir las diferencias de financiación per cápita entre comunidades, de modo que se distribuirá entre aquellas que estén por debajo de la media o las que aportan más al Estado pero se quedan por debajo de la media en recursos por habitante. El segundo es el de cooperación que se distribuirá entre aquellas de menor riqueza relativa.