Entre el frigorífico y el congelador". Es la situación en la que se encuentra la Ley de la Dependencia en Extremadura, que en lo que va de año ha atendido solo a 103 de los casi 8.151 dependientes que están esperando recibir la ayuda o prestación que ya tienen reconocida. Es la diferencia entre los 18.696 beneficiarios que actualmente reciben algún servicio y los 18.593 que había a fecha 1 de enero del 2012, tal y como recogen las últimas estadísticas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Estos números muestran el lento desarrollo del sistema de la dependencia, que está "prácticamente muerta", señala Juan Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y autor de la primera frase de este texto. Avala esta afirmación otro dato oficial más: la caída de los grandes dependientes. A fecha 1 de enero había 12.590 extremeños reconocidos con el Grado III de dependencia, el más severo; cinco meses después son 12.210, casi un 5% menos. "Esto significa que no se está cubriendo la tasa de reposición de las personas que más lo necesitan, es decir, que los grandes dependientes se han ido muriendo y los severos no han ido ocupando sus plazas pese a que lo necesitan. Es un problema y un síntoma más del deterioro de la ley", explica Ramírez. Este decrecimiento obedece también a una valoración más rigurosa para alcanzar el mayor grado de dependencia, asegura. "Al gobierno le interesa que haya menos personas con el nivel máximo de dependencia reconocida porque cuestan más al sistema, alrededor de 300 euros al mes por persona, frente a los 200 euros que supone tener reconocido un grado menor".
Este es uno de los parámetros que analiza el último informe del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la asociación que preside Ramírez, en el que se valoran otras cuestiones positivas de la aplicación de la norma que hace que Extremadura se aleje del conjunto de las autonomías suspensas en materia de dependencia.
Este último dictamen pone a la región una nota de 5,4 porque en el cómputo anual ha aumentado el volumen de gestión del sistema. Y es que mirando el último año, de junio a junio, Extremadura ha incrementado un 4% el número de personas atendidas, unas 900 más. Otras autonomías como Castilla y León y Galicia, de las más avanzadas, han sumado hasta un 21% más de dependientes, mientras Aragón o Valencia restan dependientes a sus sistemas.
"ESPEJISMO" "Digamos que Extremadura está en la mitad de la tabla nacional ahora mismo pero esta leve mejoría en la puntuación es solo un espejismo estadístico. No se puede negar que la ley está estancada". Sigue habiendo más de 8.000 personas que tienen derecho a recibir la ayuda, sin atender.
Pese a esta situación, la Consejería de Salud y Política Social valora positivamente esta nueva puntuación. "Es un nuevo impulso" para implementar la ley de la dependencia pese "a la complicada situación económica y la merma de los recursos destinados a su aplicación", reconoce en una nota.
El lento ritmo en la atención de beneficiarios es una consecuencia más de los recortes y demuestra "el desmantelamiento de esta ley". A una baremación más estricta y exigente para ser reconocida el mayor grado de dependencia, según Ramírez, se suma el aplazamiento de la entrada al sistema de los dependientes leves (grado I) por un "recorte brutal" de más de 284 millones en la asignación para las comunidades autónomas, lo que supone que el Estado apenas aporta ya el 25% de los costes netos de la atención, cuando debería aportar la mitad. Extremadura dejará de recibir este año 8,3 millones de euros del Gobierno central para atender a los dependientes.
Ante esta situación, si las comunidades quieren seguir atendiendo a sus dependientes tienen que "poner más dinero de sus bolsillos, como ha hecho Navarra, o sacar del sistema al menos a mil dependientes --el coste medio de un dependiente está en 8.158 euros--. Es una barbaridad".
A los últimos en llegar, los dependientes más leves --denominados moderados y valorados con el grado I--, que empezaron en el 2011 a ser valorados y reconocidos, se les retrasa su entrada al sistema de protección al menos dos años, pese a que el calendario de aplicación de la ley establecía que debían ser atendidos en el 2011. El plan de reformas del Gobierno central recoge el nuevo aplazamiento, hasta el 2014, para estos dependientes que ya habían sufrido el parón del calendario.
La medida afecta a la mayoría de los 10.863 extremeños --4.065 con una dependencia del grado I nivel 2 y 6.798 grado I nivel 1, según los últimos datos a 1 de junio-- cuya dependencia leve está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda.
Quedan excluidos de esta moratoria los 3.900 dependientes con grado I, nivel 2 que solicitaron su valoración antes del 30 de junio del 2011. Estos sí tienen derecho a recibir su prestación reconocida durante este año, pero la mayoría todavía está a la espera de cobrarla. De estos solo 608 dependientes están recibiendo actualmente un servicio o una prestación, según los datos facilitados por la Consejería de Salud, a fecha de marzo. "Son las personas menos graves, sí, pero que le pregunten a las familias que tienen enfermos de alzheimer en sus primeras fases. Si se trabaja con ellos ahora podrán vivir mejor. Si no, de aquí a 2014 serán ya dependientes graves, con un alto coste personal y económico", advierte Ramírez.
