Es una imagen que se repite cada año en las últimas campañas de la vendimia. Coincidiendo con el inicio de la recogida de la uva, miles de ciudadanos de países del este, principalmente rumanos y búlgaros, recorren media Europa para ofrecerse como mano de obra en los campos de vides de toda España. Para ellos no es nada nuevo. Una furgoneta, una tienda de campaña y con toda la familia a cuestas, se van reuniendo en grupos y se instalan en lugares donde no falte la sombra ni el agua corriente, aunque ésta sea la de un río. Esta será su casa durante los próximos dos meses, o al menos esta es su intención.

En los últimos días se ha venido formando uno de estos asentamientos en un lugar conocido como El Badén, que se sitúa en el puente sobre el río Guadiana de la carretera que une Torrefresneda y Arroyo de San Serván, en Badajoz. Ayer mismo se podían contar hasta 40 personas, y seguían llegando.

Basili es rumano y ha viajado en su furgoneta acompañado por su hermano, su hijo y otro familiar. Asegura que llegó ayer (por el lunes), y que espera no tardar en encontrar un lugar más apropiado para vivir durante los 90 días, más o menos, que espera estar en tierras extremeñas para ganarse un buen dinero en la vendimia antes de regresar a su país. "Venimos a trabajar, y cuando termine la campaña, nos volvemos a Rumanía", asegura en un buen castellano. No en vano, se ha recorrido buena parte de la geografía española para trabajar en distintas campañas agrícolas. El y su familia están apartados del resto del grupo, a los que dice que conoce pero con los que no tiene relación, y no quiere fotografías de su tienda de campaña porque, dice, dan una imagen de pobreza que no se corresponde con la realidad de quienes vienen a trabajar en la vendimia.

En cualquier caso, no le queda mucho tiempo para desmontarla. La Guardia Civil ya está al tanto de su presencia y en cumplimiento de la ley, pronto se presentarán en el campamento y les informarán de que deben abandonar el lugar o enfrentarse a las sanciones que recogen las nuevas ordenanzas municipales aprobadas este año. Su función es evitar situaciones como la que se vivió el año pasado en Santa Marta de los Barros, una localidad de 4.000 habitantes en cuyos alrededores llegaron a asentarse casi 2.000 temporeros extranjeros, lo que creó graves problemas de convivencia y de seguridad ciudadana.