Un estudio realizado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) revela que casi el 30% del gasto que realizan los ayuntamientos corresponde a la prestación de servicios y la realización de funciones que le corresponden a otros poderes públicos, es decir, al Estado o a las comunidades autónomas. El informe, realizado con los datos de casi 6.300 ayuntamientos españoles, cifraba en unos 6.000 millones de euros al año la cantidad que los municipios dedican a costear los denominados "gastos impropios".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el reciente Debate sobre el Estado de la Nación que en las próximas semanas remitirá al Congreso de los Diputados el proyecto de ley del gobierno local. Zapatero señaló que esta norma se marca como principales objetivos asegurar la autonomía de los ayuntamientos, garantizando tanto su eficiencia administrativa y como su suficiencia financiera.
En la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Financiación entre el Gobierno y la FEMP se decidió que la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado crecerá en el próximo ejercicio más que la de la Administración General del Estado. También se acordó la creación de un fondo de solidaridad para los pequeños municipios y el acceso de los ayuntamientos a los fondos europeos, hasta ahora reservados únicamente para las comunidades autónomas.
El Senado aprobó en el mes de febrero de este año una moción en la que instaba al Gobierno de Rodríguez Zapatero a realizar, antes de verano, un estudio sobre las competencias que en los últimos años han asumido los ayuntamientos a pesar de que corresponden a otras Administraciones. También debía abordar y aclarar el Ejecutivo central quién es el titular de esas competencias, cuál es su coste y cómo se pueden financiar.
