La universidad, una de las instituciones extremeñas a la que acude más gente y en la que los fumadores son más jóvenes, también se ha visto afectada de lleno por la ley antitabaco, aunque parece que el mes sin humo ha transcurrido "con normalidad, porque los fumadores, salvo quienes están convencidos de que no quieren dejar el tabaco, suelen ser personas con mala conciencia por su adicción y están respetando la ley". Son las palabras de Pedro Bureo, decano de la Facultad de Medicina, quien reconoce que a lo largo de este mes "no hay que resaltar ninguna incidencia, los fumadores han actuado de forma responsable" y ninguno fuma en el interior de la facultad.

En la Uex unos lo llevan con resignación, otros protestan y arremeten contra las autoridades y los más jóvenes consideran que están coartando sus libertades, pero todos acaban pronunciando una frase: "Este mes he fumado menos".

La ley antitabaco ha constituido el principal tema de conversación en enero. Los fumadores comentan cómo están afrontando las restricciones y cómo se las ingenian para cumplir con la norma sin renunciar a todos los cigarrillos. "Aprovechamos la hora del café y en lugar de ir hasta la cafetería por los pasillos de la facultad lo hacemos por la calle para fumarnos un cigarro", comentan dos trabajadoras de la Politécnica de Cáceres.

Los alumnos reconocen que se lo han puesto difícil, ya que "en los cambios de clase no da tiempo a salir a la calle a fumar", cuenta Soledad de los Reyes, estudiante de Estadística. Otros, como Félix Prat, alumno de Informática, relata que se las ingenia para echar un pitillo, pero cumpliendo la prohibición. "Me acabo de escapar de una práctica", dice mientras enciende un cigarro.

Luismi González, por el contrario, es una de las personas que no ha sucumbido a la tentación de la nicotina. Estudia Educación Física y está de acuerdo con la normativa, aunque intenta ser conciliador: "Entiendo la situación de los fumadores, pero deben pensar también en los que no fumamos y hacerlo en zonas donde no perjudiquen".

Las cafeterías constituyen el principal punto de discordia, ya que son el punto de reunión y encuentro de trabajadores, profesores y alumnos. En todas está prohibido fumar al encontrarse dentro de centros educativos y quienes peor lo llevan son los gerentes de estos establecimientos. Tanto que en la Facultad de Medicina ya han pedido permiso para "instalar unos veladores en el exterior donde puedan sentarse los clientes que fuman", señala Bureo.

Otra medida para que los fumadores no tengan que salir a la calle es habilitar los patios interiores para fumar, como han hecho en Derecho, aunque esto no contenta a todos. "Hace tanto frío como si estuviera en la puerta de la facultad", comenta Nuria Nevado, estudiante de cuarto. Dice que ahora fuma lo mismo que antes pero en la calle, pasando frío, y considera que esta ley "atenta contra los derechos de los fumadores".

Paradójicamente, los fumadores son quienes proponen medidas más tajantes para acabar con el tabaco. "Que lo suban a 20 euros como en otros países de Europa, o que lo prohiban como hacen con otras sustancias nocivas", propone Jose María Obreo, estudiante de Derecho que acaba de salir de la biblioteca para fumar.

Los decanos, encargados de velar que la ley se cumpla en sus centros, se muestran muy satisfechos con la acogida de la norma y la actitud responsable de profesores y alumnos.

Emilio Cortés, decano de la Facultad de Derecho, reconoce que para ellos es una situación complicada, "porque tienes que velar para que tu centro no sea sancionado, pero al mismo tiempo tienes que hacer una labor de policía. En todo caso, afortunadamente no hemos tenido ninguna incidencia". En los mismos términos se pronuncia el director de la Escuela Politécnica de Cáceres, que con 3.200 alumnos es la que más población universitaria congrega en Extremadura. "Desde el primer día todos cumplen la ley".

Pero, ¿quién es el encargado de amonestar?, ¿qué sanción caería sobre quien incumpliera la ley? Los decanos coinciden en que la información es escasa y quienes la conocen es por los medios de comunicación o las campañas publicitarias del ministerio. "No hemos expuesto las sanciones, aunque si la gente lo cumple de forma tan rigurosa es porque saben a lo que se exponen", argumenta Bureo. Se exponen a multas que van desde los 30 euros hasta los 600, dependiendo de si el infractor lo hace por primera vez o reincide. En cuanto a las amonestaciones, "no hay nadie dedicado a la vigilancia", reconoce Bureo, "pero en un futuro no lo descartamos si fuera necesario", concluye.