Sorpresa y perplejidad en los sindicatos y entre los funcionarios de Justicia causó ayer el anunció que hizo UGT en el sentido de estar dispuestos a desconvocar la huelga; e indignación fue lo que provocaron las declaraciones del ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, calificando de "fraude" el referendo celebrado el día anterior en el que los trabajadores de la Administración de Justicia no transferida rechazaron mayoritariamente la propuesta del ministerio y acordaron seguir en huelga.

A primera hora de la mañana, cuando todavía estaban "calientes" los resultados del referendo, UGT se desmarcaba anunciando que, en el caso de que el Gobierno les convocara a una reunión en 48 horas y se comprometiera a abrir una negociación seria, estaban dispuestos a desconvocar la huelga que los trabajadores de la Administración de Justicia no transferida iniciaron hoy hace dos meses para reclamar la equiparación con sus compañeros de las comunidades con competencias en materia de Justicia.

En Extremadura, a los sindicatos y los trabajadores la noticia les llegó en plena celebración de una asamblea y la perplejidad fue general. "Nos hemos quedado todos perplejos, incluso el representante sindical de UGT, pues nadie podía entender cómo habiendo acordado convocar el referendo y acatar su resultado, apenas unas horas después este sindicato podía desautorizar así a sus propios negociadores", indicó a EL PERIODICO el portavoz de la plataforma sindical en la comunidad extremeña, Luis Carlos Rodríguez.

En su opinión, "ni los propios representantes de UGT estaban informados de ello, pues de hecho, el compañero de este sindicato que estaba en la asamblea y apenas un minuto antes había asegurado a los funcionarios en huelga su total apoyo y respaldo, hasta el final, se quedó tan sorprendido como el resto". Además, a nivel nacional, añadió Rodríguez, "nos han informado que los máximos responsables del sector justicia de UGT a nivel estatal han presentado hoy mismo --por ayer-- su dimisión".

Este diario intentó ayer varias veces contactar con algunos representantes de UGT, tanto de Extremadura como de la Confederación estatal, para conocer su opinión y confirmar las dimisiones, pero no fue posible.

UNIDOS Y FIRMES Pese al desmarque de UGT, "una decisión que no ha tomado el sector de Justicia de UGT, sino la dirección del sindicato, que está por encima de ellos", advirtió Rodríguez, tanto los trabajadores como los otros tres sindicatos --CCOO, CSI-CSIF y STAJ--, "seguimos muy unidos y firmes".

Confían en que se produzca lo antes posible un acuerdo aceptable, "pues la situación se hace ya insostenible", y con esta esperanza afrontan la mesa de negociación convocada para hoy por el ministerio, "no sabemos si por la petición que el mismo día del referendo, tras conocer el resultado, le hicimos oficialmente todos los sindicatos, o ha sido consecuencia de la ´oferta´ que hoy ha hecho UGT", manifestó el portavoz de la plataforma sindical extremeña.

Desconocen también si en la mesa de negociación convocada para hoy estará presente el ministro, "ya que en ninguna de las doce que se han convocado hasta ahora lo ha estado", aunque esperan que hoy lo haga, "al menos nosotros así lo hemos solicitado", señaló José Antonio Barca, representante de CCOO.

Recordar que la última propuesta del Ministerio de Justicia, la que fue sometida a la votación de los funcionarios el pasado miércoles, ofrecía una subida de 140 euros con efectos en el 2008, desglosados en 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más, que serían abonados retroactivamente en enero o febrero del 2009. Los 40 euros restantes se empezarían a pagar en abril del próximo año.

Todo ello completa un aumento de 180 euros mensuales que, con todo y en opinión de los sindicatos, resultan "insuficientes", ya que, desde el inicio del conflicto exigen una subida de 200 euros para lograr la equiparación salarial con los trabajadores de Justicia en el ámbito transferido. Por ello, los sindicatos han vuelto a instar al ministro de Justicia a que convoque otra mesa de negociación para poner fin al conflicto. Pero para conseguirlo consideraron que ya "solo quedan dos opciones, o cambiar el equipo ministerial que se ha encargado de las negociaciones, o pactar con los sindicatos la figura de un mediador imparcial, objetivo, y de reconocido prestigio, pues queremos negociar para resolver ya la situación".

INDIGNADOS Y si sorpresa causó el anuncio de UGT, indignación provocaron las declaraciones del ministro de Justicia en funciones respecto al referendo celebrado respecto a la última oferta del ministerio y la continuidad de los paros. Bermejo lo calificó ayer de "fraude no digno de un sistema democrático", al señalar que se desarrolló con "la opacidad más absoluta" y que "solo se permitió votar a los huelguistas".

El titular de Justicia aseguró que el "simulacro de referendo", en el que el 88% de los funcionarios consultados --el 78% en Extremadura-- apoyaron continuar con la huelga, se realizó después de "un proceso selectivo" mediante el cual "únicamente votaron los sindicalistas de pata negra" que habían secundado el paro "en los últimos días".

Según su información, dijo, las irregularidades en esta "consulta interna" fueron constantes, "ya que incluso se llegaron a contabilizar votos por fax". En su opinión, "se pretendía que hubiera un ´no´ y lo ha habido, era un rechazo masivo que se ha articulado", aseguró.

Esta afirmación fue desmentida en Extremadura por el representante de CCOO José Antonio Barcas, quien aseguró que la afirmación del ministro "es absolutamente falsa, en Extremadura no se ha negado el voto a nadie". También Rodríguez, portavoz de la plataforma sindical extremeña, desmintió al ministro, del que cuestionó la validez de su palabra, "pues como se puede creer en la palabra de un señor --se preguntó-- que firma un borrador de acuerdo sabiendo que se va a someter a la votación de los trabajadores y nada más hacerlo declara públicamente que hay acuerdo y que la huelga ha terminado".

Y también desde Madrid, los sindicatos convocantes de la huelga contestaron al ministro asegurando que el referendo "fue legal, pudo votar todo el mundo" y le instaron a demostrar sus denuncias de fraude.