Las grandes superficies tendrán más fácil instalarse en cualquier localidad dentro de un año gracias a la aplicación a partir de 2010 de una directiva europea que presenta importantes modificaciones en la normativa española que regula el sector comercial. Se trata de la Directiva Europea de Servicios que aboga por la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en cualquier territorio de la UE. Entre estos cambios se encuentra la eliminación de la llamada segunda licencia , una opción que hasta ahora se reservaban los gobiernos autonómicos españoles para de alguna manera controlar la instalación de centros como Carrefour, Eroski o Alcampo.
La Junta de Extremadura se opone a la pérdida total de la supervisión sobre unas instalaciones que suscitan las quejas de los pequeños comerciantes, quienes ven amenazadas sus posibilidades de negocio por la más que probable entrada en el mercado de nuevos actores con quienes se ven obligados a competir en inferioridad de condiciones en muchos aspectos, especialmente en lo que se refiere a los precios, a la variedad de los productos y a las posibilidades de aparcamiento. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Mérida, José Sánchez, asegura que en ciudades como la capital extremeña, donde está prevista la apertura de dos grandes superficies, no hay mercado suficiente como para elevar tanto la oferta, y asegura que ellos serán quienes paguen las consecuencias.
Por ello, acoge con buenos ojos cualquier apoyo al sector como el que fue presentado ayer por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, que estará dotado con casi 30 millones de euros (6 millones por año hasta 2013) destinados a mejorar la competitividad de los comerciantes extremeños. Las líneas de actuación de este programa, que fue suscrito por la patronal extremeña y por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., van dirigidas fundamentalmente a mejorar la cualificación tanto de los empresarios como de los empleados de este sector, así como a una mayor utilización de las nuevas tecnologías.
Aunque por el momento no se ha detallado cómo se trasladarán estos fondos a los comerciantes, las intenciones de la Junta es que los comerciantes extremeños se doten con equipos informáticos para utilizar los avanzados productos de gestión de negocios, así como que, en la medida de lo posible, pongan en marcha centrales de compra para conseguir precios más ventajosos. Otra de las líneas de actuación pasa por mejorar la visión comercial de los establecimientos mediante la aplicación de técnicas de marketing.
A falta de conocer con mayor detalle estas medidas, José Sánchez señala que "todo lo que sea invertir en el pequeño comercio es positivo", aunque cree que las ayudas deberían estar dirigidas una reducción de los gastos a los que deben hacer frente para mantener sus negocios, como alquileres, teléfono o luz. Desde la Asociación de Comerciantes de Plasencia, una de sus vicepresidentas, Violeta Bueno, comparte que todas las ayudas recibidas serán bien recibidas, pero considera que estas medidas son "escasas" para hacer frente a la "competencia bestial" que les suponen a los pequeños comerciantes las grandes superficies.El plan suscrito por el gobierno regional y los agentes sociales debe servir para marcar al pequeño comercio el camino a seguir si quiere competir con los nuevos formatos de venta de productos, según dijo ayer el presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Juan Manuel Arribas, quien considera que los comerciantes deben "ponerse las pilas" para continuar con su actividad.
Por parte de los sindicatos, el secretario general de UGT, Miguel Bernal, aseguró que el plan aprovecha las ventajas del de este sector mediante la mejora da la competitividad y la repercusión que ello tendrá sobre el empleo que genera y la calidad del mismo. Se trata de un discurso similar al de Julián Carretero, secretario general de CCOO, quien espera que las inversiones previstas en el acuerdo mejore la calidad del empleo y de las relaciones laborales, como una parte fundamental para la viabilidad de un sector que supone el 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que es el sector más relevante en términos de empleo, puesto que representa el 15,6% del total. En concreto, cuenta con 63.000 trabajadores -38.000 minoristas-, 23.000 autónomos afiliados a la Seguridad Social y 25.000 establecimientos en la comunidad autónoma.
