La denuncia presentada por un alcalde extremeño y los datos aportados por un confidente vinculado con la empresa Conesa permitieron a la Guardia Civil desentrañar los detalles de la red empresarial acusada de defraudar durante tres campañas algo más de 27 millones de euros en ayudas de la UE, según el informe confidencial elaborado por el Ministerio del Interior y al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA por fuentes cercanas a la investigación.
Se trata de la denominada Operación Tomba , desarrollada durante más de un año por agentes de la Guardia Civil en las Vegas Bajas del Guadiana y que se completó durante la primera semana de mayo con la detención de hasta quince personas acusadas de falsedad documental y delito contra la hacienda de las comunidades. El caso está en manos del juzgado de instrucción número dos de Badajoz y los acusados son los principales responsables de las industrias Conesa, Transa y Agraz, así como de la empresa de servicios Sayco, de la Sociedad Cooperativa Los Corbos y de la OPFH Los Corbos.
PRIMER AVISO
Este presunto fraude, que se desarrolló entre 1997 y el año 2000, llegó a oídos de la Unión Europea el 15 de marzo del 2001, cuando Juan Sánchez Cabanillas, alcalde pedáneo de Villafranco del Guadiana, presentó una denuncia contra Conesa ante el Ministerio de Agricultura. En la misma aseguraba que la industria había "extorsionado" a los agricultores durante la campaña 1998/99 para que devolviesen a la empresa 2,28 pesetas por cada kilo que le habían vendido al precio mínimo fijado por la UE. Los funcionarios de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) se pusieron en contacto con el edil pacense, quien confirmó que eran los propios capataces de la industria los que avisaban de que si no aceptaban las condiciones Conesa no volvería a comprarles tomate.
Sin embargo, la posterior investigación y las declaraciones efectuadas por los responsables de una cooperativa hicieron que el caso quedase archivado por falta de pruebas, aunque los sucesos posteriores vinieron a darle la razón a Sánchez.
Y es que un informador anónimo, que necesariamente debía estar vinculado con Conesa, entregó a los investigadores de la Olaf un documento que resultaría clave: un extracto contable del transporte de tomate durante la campaña 97/98.
DETALLES CONTABLES
En este papel, elaborado por la propia industria tomatera, se detalla cómo Conesa, según todos los indicios, facturaba el coste del transporte a los agricultores, lo que supone un incumplimiento de las condiciones establecidas por el reglamento de la Unión Europea para poder tener acceso a las ayudas comunitarias.
Durante los registros efectuados en las oficinas de Conesa se buscó sin éxito el documento original, aunque algunas facturas emitidas por empresas del sector transportista --intervenidas en la propia sede de Conesa-- hacían referencia a este extracto. A partir de ahí la Guardia Civil investigó todas las cuentas de la empresa y desveló los detalles del presunto entramado empresarial, revelando las conexiones entre Agraz, Transa y la propia Conesa con Sayco, con la Cooperativa Los Corbos y con la OPFH Los Corbos.
