El exdirigente agrario Luis Cortés Isidro volvió ayer a dormir en dependencias de la Guardia Civil. Lo hizo en los calabozos de la Comandancia de Badajoz, donde fue trasladado tras ser detenido en Miajadas por agentes de la benemérita.
Se produjo esta detención dos años y cinco meses después de que fuera detenido por primera vez, el 25 de enero del 2005. Aquel primer arresto sacaría a la luz una compleja trama fraudulenta en torno al cobro de subvenciones y ayudas agrarias en la región, trama a la que ya se conoce en toda la comunidad extremeña como ´el caso del higo seco´ y de la que se derivó la apertura de un proceso judicial en el Juzgado 2 de Trujillo. Fue el primero, pero no sería el único, pues a aquel le siguió otro en el Juzgado de Jerez de los Caballeros y a este otros dos en juzgados de Mérida --a este corresponde la causa judicial que motivó las detenciones de ayer-- y Cáceres.
Salvo en el de Trujillo, donde la instrucción ha concluido y se está a la espera de que el Juzgado de lo Penal de Cáceres, donde se celebrará el juicio, fija la fecha --posiblemente será en diciembre--, el resto de los juzgados aún mantiene abiertas las investigaciones.
Estas vuelven hoy a ser actualidad con la nueva detención de Cortés, con la que regresa y se enreda aún más la compleja trama del ´fraude del higo seco´ que hace algo más de dos años salió a la luz.
Sus ramificaciones son variadas. Recordar, por ejemplo, que la causa investigada en el Juzgado de Trujillo se derivó de una denuncia de la Consejería de Agricultura ante la Guardia Civil por presuntas irregularidades en subvenciones al fondo europeo destinadas al almacenaje y compensación de higos secos en la campaña 1998-1999. Luis Cortés, excoordinador regional de Coag, y José Javier García Cuadrado, expresidente de la Cooperativa Iniciativa Rural, están acusados de un delito de fraude a la hacienda de las comunidades y continuado de falsedad en documento mercantil, por los que cada uno se enfrenta a 4 años de prisión.
El de Jerez de los Caballeros, a instancias de la Fiscalía de Badajoz tras las denuncias de numerosos agricultores presuntamente estafados, a través de la Sociedad Iniciativa Rural, con las ayudas del sector del higo, investiga presuntos delitos de estafa, falsedad documental, fraude a las subvenciones europeas y delitos societarios. Cortés estuvo por esta causa del 8 de junio al 19 de julio del 2006 en prisión, de la que salió en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros.
La causa que instruye el Juzgado 4 de Mérida, de la que se derivan las detenciones practicadas ayer, se centra en la presunta organización de falsos cursos de formación para desempleados al objeto de poder cobrar las ayudas que para éstos establece el Fondo Social Europeo. Y el Juzgado 3 de Cáceres investiga presuntas peonadas falsas y ficticias contrataciones de desempleados para obtener las subvenciones que para el fomento del empleo tienen diferentes organismos. Se ha fijado en un centenar los falsos contratos a parados y en unos 300.000 euros la cantidad que habrían defraudado al Sexpe y al Plan Experimental del Inem.
