El censo electoral ha dividido a un pequeño pueblo cacereño, Alcollarín. Mientras el alcalde Adrián Rodríguez, socialista, ha abierto expediente de baja a más de 30 personas, los vecinos han presentado sus correspondientes alegaciones y han elevado sus quejas al Defensor del Pueblo. Todos coinciden en que es un acto con una clara intención electoralista, porque todos ellos son militantes o simpatizantes del PP. Pero el alcalde insiste en que es tan solo una actualización del censo a la que le obliga la ley y asegura que no tiene ningún interés electoral, puesto que no se presenta a la reelección. Por el contrario, los populares afirman que no lo hará él pero sí familiares directos suyos.
En la actualidad, la corporación municipal está formada por cuatro concejales socialistas y tres del partido popular; en las últimas elecciones, únicamente 19 votos marcaron la victoria. EL PERIODICO ha contactado con algunos de los afectados y con la portavoz del PP en la localidad, Loli Prados. Explicó que de seguir adelante este proceso, acudirán a los tribunales a denunciar al alcalde por prevaricación y anunció que estudian no presentar candidatura en la localidad. "Los vecinos afectados forman nuestra base; si les da de baja, no tendría sentido presentarnos porque todos son votantes declarados e incluso algunos de ellos formaban parte de la lista".
Intervención del Consejo
Por su parte, el alcalde de Alcollarín no quiso hacer más declaraciones al respecto, pero dejó claro que aún no ha recibido ninguna notificación con la resolución de las bajas por parte del Consejo Provincial de Empadronamiento. "He abierto expedientes porque yo digo que no residen aquí y ellos dicen que sí. Ahora nos dirán quién tiene razón", comenta. En su opinión, el conflicto es "un rollo que se ha inventado esta gente del PP para hacerse propaganda y criticarme".
Pero los populares afirman que los afectados son personas que tienen casa en Alcollarín y que, por razones de trabajo, van y vienen al pueblo. E incluso aseguran poseer una lista de unos 30 simpatizantes del PSOE que ni siquiera visitan la localidad, o lo hacen tan solo en verano; hecho que ellos mismos han comprobado.
Lo único seguro en este caso es que de procederse finalmente a la baja definitva del padrón de la treintena de habitantes, esto tendría repercusiones importantes en la localidad. La más destacada es la desaparición de las consultas médicas, un hecho que preocupa a todos los vecinos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la población está formada por ancianos y jubilados. No obstante, fuentes del Consejo de Empadronamiento han confirmado a este diario que estas bajas ya han sido estudiadas, "informándose favorablemente en los casos que correspondía, pero no en todos". Mientras tanto, los vecinos del pueblo, excepto los afectados, prefieren no hablar demasiado del tema.
