El Tribunal de Cuentas (TC) ha puesto en cuestión el sistema de contratación de obras y suministros que realiza la Junta, incluyendo en varias ocasiones en su último informe que la actuación de la Administración regional es "contraria a los principios de transparencia, publicidad y objetividad que han de regir la contratación pública‡".

El órgano fiscalizador estudia un total de 37 contratos --los de mayor volumen económico-- realizados en el año 2002, sobre los que realiza un análisis para comprobar no sólo cómo se realizó la adjudicación de las obras o suministros, sino cuál fue el seguimiento y cumplimiento posterior de lo acordado en la adjudicación. En total, los contratos analizados suman un gasto que supera los 250 millones de euros.Como primera "incidencia", el TC asegura que en los expedientes rara vez se justifica la necesidad de la contratación que se licita, lo que vulneraría los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Además, y como ya hiciese en ejercicios anteriores, critica el poco uso de la subasta como sistema de contratación, al considerar que este procedimiento "prima las mayores bajas económicas e implica un menor riesgo para la observancia de los principios de objetividad y no discriminación".

En las obras adjudicadas por el sistema de concurso (el 94% del total) el TC detecta actuaciones que no considera correctas. De este modo, indica que las consejerías de Vivienda, Urbanismo y Transportes, y Obras Públicas y Urbanismo no concretan en los pliegos cómo se aplicaran los baremos de puntuación a la hora de adjudicar. El modo preciso de puntuación se fija "con posterioridad a la apertura de los sobres (de las ofertas) y, por tanto, al conocimiento de la documentación de los licitadores, lo que resulta contrario a los principios de transparencia, publicidad y objetividad".Además, estos mismos departamentos, a los que se suma Educación, no valoran las propuestas económicas en función de las mayores bajas lo que, según el tribunal, "no es coherente con el principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos, ya que carece de justificación no primar las mayores bajas una vez examinada la capacidad, medios y solvencia de las licitadoras".

Otra irregularidad observada es que en varios concursos de obras de saneamiento y depuración y de compra de TAC (Tomografía Axial Computerizada) se admite presentar variantes, pero no se dice cómo se valorarán "lo que cuestiona la fundamentación y validez de las puntuaciones otorgadas en aplicación de este criterio, que fue el que tuvo una mayor incidencia en el conjunto de las puntuaciones".