Además del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Estado tiene cedidos a las comunidades otros tributos, tanto en su recaudación como en su capacidad normativa. Son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el de Hidrocarburos (céntimo sanitario), el tributo sobre el juego y el de Patrimonio. Además, les otorga el 50% de los dos grandes tributos: el IRPF y el IVA, entre otros.
En conjunto, la mayoría de las comunidades tiene equiparados en mayor o menor medida estos tributos pertenecientes al Estado pero gestionados por las autonomías, aunque con notables diferencias que se aprecian principalmente en las Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio. Este último tributo se sitúa en Extremadura entre los más caros del país. Además, en la última reforma fiscal del pasado diciembre, la comunidad rebajó el mínimo exento, pasando de los 700.000 a los 500.000 euros. Esta rebaja permitirá incrementar más de un millón de euros la recaudación de la Junta este año. «El problema es que este impuesto sólo lo pagan las personas físicas y aquellos que tienen mucho patrimonio pueden crear una sociedad para eludir este tributo», explica la profesora de la Uex.
En cuanto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Manzano apunta que los tipos están «equiparados» en casi todas las comunidades pero además no hay competencia puesto que se liquida en el lugar donde radican los inmuebles.
Además de estos impuestos, las comunidades tienen capacidad para crear gravámenes propios, como es el caso del impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos o sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente ideados en Extremadura. «Los tributos propios obedecen a las singularidades de cada autonomía y tienen que seguir siendo propios».
