La pérdida de la condición de aforado de Francisco Muñoz al dejar de ser consejero tras los comicios electorales del pasado mes de mayo fue lo que motivó que la causa que instruía la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx, competente para los casos de personas aforadas, pasara a los juzgados de Mérida.
El traslado tuvo lugar a finales del pasado mes de julio. Manuela Eslava, magistrada de la Sala del TSJEx que hasta entonces se había hecho cargo de la instrucción de la causa, declaraba en el auto que dictó al respecto la "falta de competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx para el conocimiento de esta causa"; así como su "inhibición a favor del juzgado de instrucción de Mérida que por el turno de reparto corresponda" y al que serán remitidas todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora.
Establecía asimismo el auto que el TSJEx dejó de ser competente en estas diligencias desde que el pasado día 30 de junio fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura el decreto de cese en sus funciones de Francisco Muñoz, quien desde esa fecha dejó de ser consejero y, en consecuencia, perdió la condición de aforado; así como que procedía remitir las actuaciones al Juzgado Decano de Mérida, por estar domiciliadas allí la Consejería de Cultura y la Editora Regional, responsable de la edición de la obra Sanctorum, que motivó las denuncias.
