El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, defendió ayer que los destinatarios de la política de cohesión de la UE sigan siendo las regiones pobres --entre ellas Extremadura-- y no exclusivamente los estados menos desarrollados, como han propuesto algunos países ricos. Solbes declaró, a la entrada del Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de la UE: "Nosotros evidentemente no estamos en esa tesis. Nosotros pensamos que lo que hay son dificultades regionales, que esas dificultades regionales persisten".

En la actual discusión sobre el próximo marco presupuestario de la Unión (2007-2013), Holanda, Reino Unido y Suecia defienden un cambio en el criterio de distribución de las ayudas para la cohesión. Los tres proponen que vayan dirigidas exclusivamente a los Estados (no a las regiones como hasta ahora) cuyo Producto Interior Bruto (PIB) sea inferior a un determinado umbral respecto a la media comunitaria (el 75%, por ejemplo, referencia utilizada ahora para distribuir el dinero del llamado Objetivo 1 de los fondos estructurales).

LOS PERJUDICADOS Esta idea perjudicaría a España, entre otros antiguos miembros, pues según los datos de la Oficina estadística comunitaria (Eurostat) el PIB por habitante en 2003 ya fue del 98% de la media de la UE. De aplicarse este nuevo criterio, se vería perjudicada Extremadura, que recibe anualmente unos 350 millones de euros de fondos europeos (sin contar las ayudas directas a los agricultores). Las ayudas agrarias representan en torno a 500 millones de euros cada año, pero no se consideran fondos estructurales.

España, Grecia, Portugal y los 10 países recién incorporados a la UE han difundido una carta conjunta en la que reclaman la asignación de "recursos suficientes" para mantener la política de cohesión europea en el periodo 2007-2013, así como un reparto "justo" de sus costes entre todos los Estados miembros.

El documento, que fue expuesto ayer por el titular polaco, Miroslaw Gronicki, se inscribe en el proceso de negociación del marco presupuestario de la UE en el periodo señalado. En la misiva, los trece países reclaman que se preste "una atención particular a la financiación adecuada de las necesidades de los nuevos Estados miembros desde 2007", de forma que se atiendan "las ambiciosas metas" del nuevo Tratado Constitucional de la UE.

La posición común de estos trece países choca con la pretensión de seis de los contribuyentes netos a las arcas europeas --Francia, Alemania y Reino Unido, entre ellos-- de aprovechar las nuevas perspectivas financieras para reducir del 1,24% al 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE el techo presupuestario.

Además, los trece países abogan por hacer "todos los esfuerzos" para alcanzar "un acuerdo político" sobre el nuevo marco presupuestario antes de que acabe la presidencia de turno de Luxemburgo, en el primer semestre de 2005.

"Esto no sólo facilitará una transición suave y una preparación adecuada de nuestras políticas desde el inicio de las próximas perspectivas financieras, sino que igualmente enviará un claro mensaje a todos nuestros ciudadanos de que la UE está bien preparada para encarar sus nuevos retos con de forma efectiva", explican.

Una dilación en las negociaciones más allá de junio de 2005 podría incrementar la presión sobre los países receptores de fondos, que se verían impelidos a rebajar sus aspiraciones y a transigir con las de los contribuyentes para prevenir disfunciones en las ayudas durante la transición entre el actual marco presupuestario y el que empieza en 2007, según fuentes diplomáticas.

UN OBJETIVO PRIORITARIO En cambio, el Gobierno del Reino Unido, que afronta elecciones en mayo o junio próximo y que asumirá la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2005, prefiere que la negociación no concluya en el primer semestre. "El resultado positivo de esa política de cohesión es conocido", recuerdan los trece países en la carta, y afirman que "la cohesión es un objetivo prioritario de la integración de la UE y una política fundamental para garantizar el éxito de la ampliación".

La idea de concretar en una carta la posición de estos trece países sobre el futuro de los fondos partió de una reunión de los secretarios de Estado o ministros para la UE de estos Estados en la Embajada española en Bélgica, según reveló entonces el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro. El pasado viernes, los trece países volvieron a reunirse al mismo nivel en Varsovia (Polonia) para concretar el contenido final de la misiva, según fuentes diplomáticas.