La Caja Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria constituirán un nuevo grupo financiero que será la tercera caja de ahorros de España y que mantendrá unidas a las cuatro entidades "al menos" durante una década, el tiempo mínimo que establece la ley.
Siempre y cuando los consejos de administración de las cajas aprueben el acuerdo para unirse bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), con el que crearán un grupo que permite a cada entidad mantener su marca, pero con el que comparten riesgos y acudirán a los mercados a captar capital como una única entidad.
Además, la legislación establece que si una de las entidades que forma parte de un SIP quiere dejar de formar parte de la alianza, tendrá que avisar con dos años de antelación y asumir la penalización que acuerden en el contrato que les une.
A la espera de que se defina el tipo de sociedad elegida por las cuatro cajas para dar soporte a su unión, en lo que se conoce como una "fusión fría o virtual", el Ministerio de Economía les da la posibilidad de resolver dudas en materia de impuestos.
Para garantizar la neutralidad fiscal del nuevo grupo, el departamento que preside Elena Salgado elaborará un informe vinculante, si las entidades lo solicitan a través del Banco de España, en el que detallará cómo tendrá que tributar ese nuevo grupo consolidado.
Una de las ventajas de este grupo es que permite a cada caja mantener su marca en su región de origen pero les obliga a compartir como mínimo un 40% de sus beneficios y la misma proporción de recursos propios para reforzar la solvencia de la sociedad que les agrupa.
Esa sociedad central, que en el caso de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria tendrá su sede en Madrid, será la encargada de determinar la estrategia de negocio y el control del riesgo de todo el grupo.
La única condición que impone la ley es que esa nueva sociedad que les une sea una de las cajas integrantes o una nueva entidad -que puede ser un banco- participada por todas ellas, que es la que han elegido CAM y Cajastur que controlarán un 40 por ciento del nuevo grupo, mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria tendrán el 11 y el 9% restante, respectivamente.
A juicio de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), las entidades eligen unirse mediante la creación de un SIP que "amenaza la naturaleza jurídica de las cajas" porque el veto autonómico impide que se aceleren las fusiones interregionales.
Para formar la alianza encabezada por CAM y Cajastur, las cuatro cajas pedirán cerca de 1.600 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprovechando que éste cuenta hasta el 30 de junio con la autorización de Bruselas de un marco general de actuación que permite dar el visto bueno a las operaciones de forma más rápida.
No obstante, en el sector se especula con la posibilidad de que dicha autorización se renueve hasta finales de septiembre si el proceso de reordenación financiera no alcanza los objetivos inicialmente previstos, si bien fuentes del Ejecutivo aseguraron a Efe que no se ha hecho tal solicitud.
