Hasta el 31 de diciembre, el usuario tenía dos opciones si el medicamento recetado era más caro que el precio de referencia para la especialidad demandada: o aceptaba que el boticario le entregase uno ajustado al precio de referencia, y pagaba el 60%, mientras el sistema abonaba el otro 40%, o pedía el que se le había recetado, en cuyo caso el sistema público le financiaba hasta el 40% del precio de referencia, y el usuario corría con el coste suplementario.
A partir del 1 de enero desaparece la segunda opción. Así, si el usuario acepta el cambio por la especialidad más barata (con el mismo principio activo), paga el 60%, y el sistema público le costea el otro 40%. Ahora bien, si el usuario quiere que se le dé el medicamento que consta en la receta, y éste supera el precio de referencia señalado para la especialidad, el sistema público no paga nada, y es el paciente el que tiene que correr con el cien por cien del gasto.
