Hace ahora un año los extremeños elegían al segundo presidente de la historia autonómica. Guillermo Fernández Vara obtenía un notable respaldo ciudadano que le permite desarrollar sin trabas su programa electoral, convertido a partir del 27 de junio, en su investidura, en programa de gobierno.

Al cumplirse un cuarto de legislatura puede realizarse un análisis del camino que se ha recorrido y empezar a vislumbrar si aquello que se ofreció está cumplido o, como se trata de compromisos de legislatura, al menos encarrilado.

En general puede decirse que el primer año de gobierno de Fernández Vara ha sido productivo, y los compromisos inmediatos como el apoyo explícito a la candidatura de capitalidad cultural Cáceres 2016 o la visita a todos los pueblos de la región son una realidad.

Como ejemplos de calado más largo, valga apuntar el impulso al diálogo social, plasmado ya en importantes acuerdos, el diálogo con la oposición, reactivado tras unos momentos de crisis, y la puesta en marcha de medidas como la respuesta ágil a los empresarios o las ayudas a las familias por segundo hijo. Sin embargo, hay excepciones. La reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones no ha cumplido el plazo marcado y el objetivo de generar 60.000 empleos netos parece hoy más lejos que nunca.

Planes concertados para frenar el paro

El empleo se repite machaconamente como la principal preocupación de los extremeños en todas las encuestas. En el programa electoral y luego en el discurso de investidura, Vara apuntó como objetivo crear 60.000 empleos netos en la legislatura, y que la cifra de ocupados rondase el medio millón, frente a los menos de 410.000 de cuando se inició su mandato. Sin embargo, la actual coyuntura económica puede dar al traste con su idea de manera prematura.

En este primer año de legislatura, las cifras se han torcido, especialmente a partir del cuarto trimestre del 2007. El número de ocupados hoy es inferior en 1.500 personas al que había hace un año, y se sitúa en 407.700. No toda la culpa, ni siquiera la mayor, ha sido de la ´crisis del ladrillo´. La construcción ha perdido efectivos laborales, es cierto, unos 3.300, pero en la agricultura el número de empleos ha caído el doble. Sólo el sector servicios crece, aunque a un ritmo más pausado.

En cuanto al paro, la situación queda algo atenuada por los fuertes descensos de la población activa en agricultura y construcción (es decir, personas que renuncian de entrada a conseguir trabajo en estos sectores). El resultado es que muchos acuden al sector servicios para buscar una alternativa, y este sector, pese a su crecimiento, no puede absorber la demanda de empleo.

Para intentar voltear esta situación ya se han puesto en marcha planes fruto de las mesas de diálogo social que abrió el presidente extremeño. Así, los planes de empleo y de desarrollo empresarial, ya firmados, supondrán una inyección conjunta de más de 2.400 millones de euros en cuatro años. En el primer caso se trata de favorecer la contratación, con especial incidencia en el mundo rural y en colectivos más golpeados por el desempleo como el de la mujer. El segundo contiene medidas de mayor calado, ya que se busca cambiar el modelo productivo, orientándolo hacia sectores como el industrial, más fiables antes las crisis, en detrimento del agrícola y el de la construcción, que sufren la inestabilidad con mucha más fuerza.

Del éxito de estas medidas y de la eficacia de innovaciones como la evaluación continua de los planes para introducir las correcciones necesarias sobre la marcha dependerá en gran parte que Vara pueda cumplir su objetivo de empleo a final de legislatura, que en el momento actual se ve muy complicado, y más teniendo en cuenta que la crisis no ha hecho más que empezar.

A la espera del plan de infraestructuras

Muy relacionado con el epígrafe anterior, especialmente como actuación que puede paliar los efectos de la crisis en la construcción, se encuentran los planes de inversión en obra pública. El presidente extremeño anunció un plan extraordinario de inversiones que sumaría más de 19.000 millones de euros en ocho años (12.250 puestos por la Junta y el resto por el Estado), que debe plasmarse ahora en actuaciones sectoriales.

Una de estas actuaciones es el demandado Plan de Infraestructuras. A la vuelta de un mes caducará el plazo marcado para su presentación en sociedad, y el consejero de Fomento, José Luis Quintana, anunció el viernes que el plazo se cumplirá.

Las líneas maestras --actuaciones en carreteras con conversión en autovía de los tramos donde se superen los 10.000 vehículos al día y dotación de infraestructuras de depuración y abastecimiento en las poblaciones más pequeñas-- están marcadas ya a los técnicos.

Otro apartado del proyecto de inversión pública es el nuevo Plan de Vivienda. Quintana asegura que estará antes de final de año, y que introducirá una apuesta fuerte por rehabilitar los cascos urbanos antes que por crear nuevas urbanizaciones. Puede ser otro elemento que suavice el desplome del ´ladrillo´ ya que, como dijo el propio consejero, la actuación en vivienda protegida genera el mismo empleo y con los mismos sueldos que la construcción de viviendas libres.

Como coletilla, Vara propugnó una agilización de los concursos de obra, que según Quintana ya está en marcha.

A estas infraestructuras se unen otras que, si bien no dependen directamente de la Junta, la actuación de ésta sí puede influir en su consecución. En este caso se encontraría el nuevo aeropuerto de Cáceres.

Promovido por Caja Extremadura, según la Junta va cumpliendo los trámites previstos de búsqueda de socios, y el Ejecutivo actuará para solventar posibles problemas de autorizaciones tanto ante Madrid como ante Bruselas.

También la Autovía de Levante, de la que poco o nada se sabe. Pero sobre todo, el corredor de alta velocidad, obra más relevante tanto por las expectativas de negocio que genera como por el vuelco que dará a la comunicación de y hacia Extremadura.

Políticamente se mantiene el 2010 como fecha de conclusión, pero el caso es que a fecha de hoy sólo una pequeña parte está en obras para construir la plataforma básica y pocos son los que confían ya en esa fecha.

Avances sociales y en la Administración ágil

Por lo que se refiere a las mejoras prometidas en la relación entre el ciudadano y la Administración, el hito más destacado es la puesta en marcha del plan de respuesta ágil a los empresarios, con la articulación del proyecto Empresa 24 Horas, que pone a disposición de los empresarios empresas ya constituidas en sectores diversos pero inactivas para que las compren a la Junta, de manera que en un día pueden empezar a funcionar, ya que previamente la Administración ha realizado todos los trámites de inscripción y depósito del capital social.

En cambio, pese a haberse recogido en el programa electoral como una medida a cumplimentar antes de final de año, no se ha reformado la norma que garantizará que los ciudadanos tendrán una respuesta a sus solicitudes en un tiempo razonable mediante el concepto de silencio administrativo positivo , esto es, que si un ciudadano no tiene respuesta pasado un plazo, se considerará que su petición ha sido aceptada a todos los efectos por la Administración.

En el ámbito más social, iniciativas como el préstamo a los jóvenes para obtener el carnet de conducir que no tendrán que devolver si no incumplen las normas de circulación, las ayudas de 300 euros al mes por segundo hijo o las subvenciones de medicamentos a familias numerosas ya están en marcha.

También, y en términos comparativos con otras regiones a tenor de lo que muestran las estadísticas estatales, marchan a un ritmo aceptable las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, especialmente las de un sueldo a los cuidadores de grandes dependientes.

No ocurre lo mismo con otras cuestiones como el alquiler joven a menos de 200 euros o la creación de una red de guarderías gratuitas, aún por desarrollar, si bien es cierto que se trata de proyectos para la legislatura completa.

Las grandes ciudades ya tienen su foro

Si en el caso del diálogo social los avances son evidentes, otro tanto puede decirse en cuanto al diálogo político e institucional. En el primer caso, y tras la crisis que marcó la suspensión de las mesas de negociación abiertas entre Junta y PP por la inestabilidad interna de los populares derivada del anuncio de la marcha de su líder Carlos Floriano, el diálogo se ha retomado de nuevo con normalidad.

Y este diálogo ya está dando sus frutos: la reforma del Estatuto de Autonomía avanza con la presentación del documento-propuesta del comité de expertos ante la Asamblea antes del plazo marcado, el Pacto Educativo ha iniciado su andadura, las conversaciones sobre la atribución de competencias y fondos a los ayuntamientos fueron transferidas a la Fempex, etcétera.

En el plano institucional, el Consejo de Grandes Ciudades es ya una realidad y ha celebrado su primera reunión. Para el mes próximo se espera la segunda, que abordará de lleno el siempre polémico tema del botellón .

Resta por poner en marcha el consejo que reuniría a las poblaciones más pequeñas.

Otra asignatura pendiente de este primer año es la reforma fiscal. El compromiso de modificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para, en la práctica, eximir del pago a quienes heredasen o recibiesen en donación la vivienda que habitan o el negocio que regirán cumplía el 1 de febrero, pero no habrá nuevo texto a debate parlamentario hasta el otoño. En todo caso, el Ejecutivo mantiene que la reforma entrará en vigor el 1 de enero del 2009.