Un engorro burocrático: Un pescador con licencia expedida por la Generalitat de Cataluña puede echar el anzuelo en el Ebro a su paso por esta región, pero si anda río arriba y cruza el límite con Aragón el permiso pierde su validez. O solicita una licencia al Gobierno aragonés, o se arriesga a ser multado.

Un despilfarro presupuestario: La sanidad pública dispensa cada año en España 10 millones de vacunas antigripales. Cada autonomía compra por su cuenta las que necesita (Extremadura, por ejemplo, 260.000 dosis), de manera que salen infinitamente más caras que si las comunidades se pusieran de acuerdo y las compraran en bloque a un mismo proveedor.

Un absurdo administrativo: Un extranjero con tarjeta sanitaria europea llega a Cáceres y tiene que hacer menos trámites burocráticos para que le sea asignado un médico de familia que un joven extremeño que estudia en cualquier ciudad de Cataluña.

Engorros, despilfarros y absurdos derivados de la estructura autonómica del Estado como los que ilustran los tres casos anteriores podrían desaparecer de un plumazo si las autonomías españolas coordinasen sus esfuerzos y cooperasen en la resolución de problemas comunes. Así lo entienden varios gobiernos autonómicos, el catalán entre ellos, que abogan por la creación de una conferencia estable que reúna a las 17 comunidades al margen del Ejecutivo central.

Las autonomías que ya han reformado sus respectivos estatutos (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Baleares y Aragón) han mantenido desde julio dos reuniones y en febrero se encontrarán de nuevo. Catalunya y Valencia son las más decididas a abrir el foro a las 17 comunidades. Las otras cuatro son más cautelosas. Pero es Extremadura, que no pertenece al grupo, la que ha expresado un interés más vivo en la idea.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, visitó el pasado día 6 a su homólogo catalán, José Montilla, y se le ofreció para liderar el proyecto de constitución de la cumbre y organizar la primera sesión.

BUSQUEDA DE SOLUCIONES En ese organismo, los gobiernos de las comunidades buscarían soluciones a problemas comunes que afectan a la gestión de servicios de su competencia exclusiva. Los acuerdos se adoptarían por unanimidad o, en caso contrario, la aplicación de los mismos sería voluntaria. De tal modo, ningún territorio vería amenazado su autogobierno.

Los promotores no quieren que el Ejecutivo central se involucre en este proyecto. No quieren que esta tarea de coordinación de la gestión autonómica dependa de que el Gobierno tenga a bien convocar o no el foro de comunidades. Para eso ya está la Conferencia de Presidentes Autonómicos (CPA), instaurada en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que sufre problemas evidentes de funcionamiento.

La CPA, liderada por el Gobierno, debería reservarse para grandes asuntos que afectan a las autonomías y a la vez al Estado, apunta el conseller catalán Joan Saura. La mayoría de países federales tienen estructuras de cooperación vertical. España tiene la CPA, que en realidad intenta suplir las funciones de Cámara territorial que haría el Senado si la Constitución fuese reformada a tal efecto. Pero los estados federales disponen también de foros de cooperación horizontal. En este tipo de cumbres solamente participan los territorios federados. El Gobierno federal queda al margen, aunque puede ser invitado cuando los miembros lo consideran oportuno.

El cometido de estos foros territoriales es remover trabas burocráticas y coordinar servicios homologables para abaratar su coste y mejorar su eficacia. En el caso de Alemania, por ejemplo, se reúne varias veces al año y se encarga también de hacer la trasposición legal de las directivas europeas que llegan de Bruselas.