El inicio del proceso para privatizar la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), desvelado ayer por EL PERIODICO, ha provocado una ola de rechazo en Extremadura, que agrupa en un frente común a los sindicatos, la organización agraria UPA-UCE, la Junta y el PSOE. Su objetivo es frenar la venta de la única empresa estatal que queda en la región o suavizar su negativo impacto. La situación mantiene en vilo a los 600 empleados del grupo tabaquero en la región y a las más de 10.000 familias que viven del cultivo y que venden mayoritariamente su producción a la compañía.

El vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso, el diputado socialista Francisco Amarillo, tachó la decisión de "precipitada" y exigió que el presidente de Cetarsa, Isidoro Hernández Sito, comparezca ante la comisión con urgencia --la comparecencia se pidió ya el 22 de abril-- para explicar "las verdaderas razones de la privatización".

Según Amarillo, el hecho de que se anuncie en prensa el plazo para presentar ofertas --en alusión al anuncio que la SEPI contrató en los periódicos y anuló a última hora-- es "atípico", puesto que lo normal es que se trate con empresas del sector para que, en primer lugar, se garantice la continuidad de la actividad.

REUNION CON RODRIGUEZ IBARRA

El diputado explicó que una venta "al mejor postor" puede hacer que la compañía caiga en manos de firmas no interesadas en mantener el empleo, que comprarían para especular con el patrimonio de la empresa. Por ello, exigió que Sito explique la verdad de la situación de Cetarsa.

Por otro lado, desde UPA se solicitó una reunión con el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y se explicó que la privatización de Cetarsa es "la antesala para el desmantelamiento del sector tabaquero en la región". Así, la organización agraria anunció movilizaciones y la petición a Rodríguez Ibarra de que medie ante el Gobierno.

En la misma línea, la sección sindical de CCOO en la tabaquera mostró su "total negativa" al inicio de privatización, de la que fueron informados el jueves por la dirección de Cetarsa. Además, desde el sindicato no descarta una huelga general.

Desde la Junta también se ha manifestado un "repudio absoluto" a una privatización que atenta contra los intereses de la región y que, por su forma, "supone una ruptura más de la lealtad institucional que la Junta merece del Gobierno del Estado".

Mientras, la SEPI continúa moviéndose en la ambigüedad más absoluta, ya que por un lado niega que haya iniciado la venta de la empresa y por otro reconoce que ésta es "privatizable", en la misma línea de lo hecho el jueves, cuando negó que se pensase en poner en marcha la privatización mientras contrataba en espacios en prensa que anunciaban todo lo contrario.

Para añadir más confusión, el diario Expansión recuerda que en octubre pasado el presidente de Worl Wide Tobacco, Douglas Conran, afirmó que la Sepi les anunció un año antes que les invitaría a presentar ofertas por Cetarsa a principios del 2003.