La venta ilegal de frutas y verduras en las calles y carreteras de la región mueve cantidades anuales que superan los 13 millones de euros (más de 2.000 millones de pesetas), según se desprende de las cifras que manejan los diferentes cuerpos de Policía Local en cuanto al número de vendedores y al volumen medio de negocio que pueden realizar en una jornada.

Los datos que maneja la policía indican que en Extremadura existen más de 300 vendedores sin licencia, que en un sólo día pueden obtener entre 90 y 120 euros (15.000 y 20.000 pesetas), dependiendo de la calidad de la mercancía que ofrezcan. La cantidad que se mueve anualmente en este tipo de mercado ambulante supone cerca del 10% de la producción total de fruta de la región, señalan desde las centrales hortofrutícolas, ya que la facturación global del sector ronda los 130 millones de euros.

UN IMPORTANTE AUGE

En los últimos años la venta ambulante ilegal de frutas y verduras ha experimentado un notable auge en la comunidad, principalmente en las carreteras de entrada a los municipios y en las calles de ciudades como Cáceres y Mérida --en algunos lugares la venta se realiza incluso en domicilios privados--. La policía señala que existe al menos un vendedor por cada municipio de más de 100 habitantes. Los puestos de venta suelen ser fijos, lo que supone que la mayor parte de la clientela sea habitual.

Como curiosidad, en las calles de Cáceres pueden contabilizarse hasta 12 puestos repartidos por los principales enclaves de la ciudad, mientras que en Mérida existen una media docena de vendedores ilegales que exponen su fruta al público en las barriadas periféricas y en zonas como los alrededores del teatro romano.

La situación no es nueva y los comerciantes ya han mostrado sus quejas en numerosas ocasiones a las Administraciones locales competentes, a fin de que tomen medidas contra este tipo de venta.

Desde el comercio aseguran sentirse agraviados ante la proliferación que se ha producido de vendedores ambulantes, tanto en algunas ciudades como en los accesos a los municipios. Los precios, indican, son menores, ya que eluden obligaciones fiscales, lo que significa una importante competencia desleal. Además, en ciudades como la capital cacereña, el ayuntamiento tiene prohibido que los comerciantes expongan la fruta en la calle por motivos sanitarios, algo que supone un importante reclamo para el consumidor y que no cumplen los vendedores ilegales.

SIN CONTROLES SANITARIOS

En cuanto a la calidad de la mercancía, los comerciantes insisten en que la fruta que se vende en puestos ambulantes ilegales no está sujeta a ningún tipo de control sanitario, por lo que no ofrece garantías a los consumidores. En este sentido, aseguran que los vendedores ambulantes compran en almacenes y fincas la fruta desechada a un precio bajo, tras lo que proceden a su limpieza y manipulación en lugares que muchas veces presentan unas deplorables condiciones higiénicas.

Pero los ayuntamientos no son ajenos a este problema. Como ejemplo, en la capital extremeña, uno de los lugares en donde más prolifera este tipo de venta, los agentes de la Policía Local realizan intervenciones esporádicas a fin de persuadir a los vendedores, aunque las mayores actuaciones las desarrolla el citado cuerpo de seguridad de Cáceres, en respuesta a las numerosas quejas del comercio cacereño.

Así, en los últimos meses la Policía Local ha intensificado los servicios especiales de vigilancia y control en las calles de Cáceres, montando en ocasiones servicios fijos en determinados puntos para evitar las frecuentes instalaciones de estos puestos.

Estas medidas han posibilitado un importante incremento en las incautaciones policiales, aunque no han conseguido que se reduzca el número de vendedores debido a las peculiaridades de este tipo de venta.

La policía encuentra numerosas dificultades para mantener un estricto control sobre el mercado negro de la fruta. Uno de los problemas radica en la rapidez con la que se pueden montar y desmontar los puestos que se exponen en las calles, lo que permite que los vendedores puedan burlar sin muchos problemas la vigilancia. Pero, además, en cada intervención los agentes sólo pueden retirar