La vendimia que se está llevando a cabo en Extremadura necesita de al menos 2.000 temporeros más para garantizar la recogida de la producción. Esa es la opinión de la mayoría de organizaciones agrarias extremeñas, salvo UPA-UCE, que reclaman además al Gobierno central medidas que permitan a los inmigrantes que hay en la región, sobre todo rumanos --en mayor medida en Tierra de Barros-- poder trabajar y asumir esa falta de mano de obra extremeña que, a su juicio, existe. Esta propuesta la han hecho también viticultores en Castilla-La Mancha.

La mayoría de inmigrantes que hay en las zonas de recogida de la vendimia en la región son ciudadanos rumanos con derecho a residir en España, pero sobre los que hay una moratoria hasta el 1 de enero del 2009 que les impide trabajar por cuenta ajena sin permiso expreso de la Administración. Sin embargo, organizaciones agrarias extremeñas creen fundamental para garantizar la recogida de la uva que estas personas puedan trabajar legalmente, ya que "se necesita recoger la uva muy rápido, pero no hay trabajadores", señaló ayer el responsable de Asaja Extremadura, Angel García Blanco.

Los agricultores de Santa Marta han pedido a la Delegación del Gobierno que les permita contratar a 500 rumanos para salvar la vendimia, como publicó este diario el sábado.

De la misma opinión es el dirigente de Apag-Extremadura, Bibiano Serrano, que reitera que su organización "pide lo mismo que los viticultores de Castilla-La Mancha". Según los datos que maneja, en la zona de Santa Marta --donde se han denunciado problemas por un asentamiento de 1.500 rumanos-- "se necesitan al menos 600 personas para la vendimia, pero en Tierra de Barros son necesarios en torno a 1.500 más". En total, 2.000. A su juicio, el problema "es grave", pero todo se solucionaría con la contratación de estos inmigrantes.

Las dos organizaciones coinciden en que el Sexpe no soluciona este problema, porque "nos mandan mayores de 62 años o gente que no ha trabajado nunca en esto, y que lo único que buscan es hacer acto de presencia para seguir cobrando el paro". A este respecto reclaman a la Junta una mayor vigilancia. Asimismo, resaltan que el retraso que lleva la vendimia va a provocar que "se solape la recogida de uva con la de aceituna de verdeo", con lo que el problema se irá incrementando.

Esta postura es compartida por Coag, que avanza además que los productores de uva extremeños habrán perdido 70 millones de euros desde el 2004, debido a la menor producción, que ha pasado de 4,6 millones de hectolitros en el 2004 a los casi 3 millones previstos este año.

Por el contrario, y pese a reconocer que "existen problemas", desde UPA-UCE se hace un llamamiento a la tranquilidad. "La política de la confrontación por esta cuestión no nos lleva a ninguna solución", afirmó ayer Ignacio Huertas, secretario regional de UPA-UCE. A su juicio, desde la Delegación del Gobierno "se han facilitado cauces y la situación está mejor que hace un año". Además, ve inviable "de un día para otro" que el Gobierno pueda habilitar a estas personas inmigrantes para poder trabajar, ya que "hay que ser realistas y eso no solventa nada hoy".

Así de tajantes se muestran también los sindicatos, que niegan que haga falta mano de obra extranjera. Tanto UGT como CCOO destacan que si surgen problemas es porque los empresarios no contratan a inmigrantes en sus países de origen meses antes de que comience la campaña, tal y como aprobaron todas las partes hace un año.

Además, no entienden como "si hay menos producción, reclaman más mano de obra", reiteran Nereo Ramírez, de UGT, y Santiago Candelo, de CCOO, que insiste en que "en estas cosas hay que ser prudentes antes de ocasionar el efecto llamada".