El presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, Javier Corominas, anunció ayer que cuando concluya la actual legislatura --en el 2007-- este organismo habrá sacado al mercado al menos 27.000 viviendas protegidas, 2.000 más de las que anunció el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras el Consejo de Gobierno Extraordinario de Hervás. Es decir, que no habrá "ninguna dificultad" para cumplir e incluso superar los compromisos adquiridos en este ámbito, puesto que aún confía en cerrar más acuerdos con los ayuntamientos.
De esta forma, se mostró convencido de que en el plazo de dos años más de la mitad de estos pisos estarán terminados y el resto en construcción, aunque aclaró que para entonces "todos los jóvenes tendrán firmados sus contratos". Corominas salía así al paso de las dudas surgidas en torno a la ejecución del Programa Especial de Viviendas, al tiempo que dejaba claro que "la operación está razonablemente en marcha y de aquí a un año estará todo en fase de construcción".
REVISION PORMENORIZADA El máximo responsable de la Agencia Extremeña de la Vivienda recalcó que "nada se ha parado". El único problema, al menos cara al público, radica en que desde su llegada a este organismo se están revisando todos los proyectos del Programa Especial de Viviendas --que incluye los pisos de 60.000 euros-- para garantizar la dotación de servicios en su entorno. "Una vivienda no es un techo, sino que es una vivienda en su entorno", añadió.
Esto se está haciendo especialmente en aquellas localidades en las que estas nuevas urbanizaciones de viviendas protegidas se ubican fuera de las actuales ciudades y que, por lo tanto, podrían quedar aisladas si no se adoptan las medidas adecuadas. Para garantizar estos objetivos la Agencia Extremeña de la Vivienda ya ha iniciado una ronda de contactos con los municipios afectados y ha revisado cada uno de los proyectos presentados. A algunos consistorios, añadió, se les ha ofrecido la posibilidad de alcanzar convenios de colaboración para poder reforzar los equipos urbanísticos municipales y acortar así los plazos en lo posible. De momento se han mantenido encuentros con los ayuntamientos de Cáceres, Villafranca de los Barros, Don Benito, Plasencia y Villanueva de la Serena, mientras que la próxima semana se producirá la reunión con Mérida y se está buscando fecha para la de Badajoz.
Sobre la falta de información a los usuarios y empresarios relativa a cuál es la situación exacta de los proyectos regionales de vivienda, Javier Corominas avanzó la creación de una nueva dirección general que tendrá "carácter horizontal" y cuya principal misión será precisamente la de informar sobre la oferta y demanda de vivienda.
En esta línea, avanzó --como ya hizo recientemente en el Parlamento regional-- que la Agencia Extremeña de la Vivienda va a poner en marcha un programa que ya se aplica en Aragón con la denominación toc-toc . Se trata de crear un registro de demandantes de vivienda que estará activo "haya o no una promoción específica" Y es que su objetivo es otro: permitir a la Junta conocer el perfil concreto que tienen los demandantes de pisos protegidos. Corominas indicó que esto tendrá una doble repercusión, puesto que la Agencia de la Vivienda podrá dirigir el mercado en la medida de sus posibilidades y, de forma paralela, podrá tener al interesado perfectamente informado de la oferta inmobiliaria que haya en cada momento en la comunidad.
Por otra parte, aseguró que, en su opinión, "no es cierto" que el precio de la vivienda tenga que subir permanentemente, como tampoco lo es, añadió, que estos incrementos se deban al aumento del precio del suelo y no puedan controlarse.
PROCESO CONTRARIO Para Corominas el proceso es justamente el contrario. Es decir, que los promotores ofertan la vivienda al precio máximo que les permite el mercado en cada momento y el propietario del suelo le sube el precio para participar de estos beneficios. Entonces el promotor vuelve a subir el precio de los pisos para mantener márgenes, y así de forma indefinida.
En su opinión, el precio podría controlarse si se limita "qué puede valer lo que se construye", de forma que el propietario del suelo "participará en los beneficios en la proporción que le corresponda". Este tipo de fórmula legal podría aplicarse en Extremadura, aunque para ello sería necesario un "acuerdo político importante" y garantizar que "no se arruine al sector".
Por último, Corominas afirmó que "en Extremadura, como consecuencia del plan de choque , va a bajar la vivienda".
