"Supervisar la actividad de las administraciones públicas". Esta es la principal función del Defensor del Pueblo, que vigila que las actuaciones de los organismos estatales, autonómicos y locales respeten los derechos de los ciudadanos. Al dar cuenta de su labor en el informe sobre el 2005, la institución destaca algunos casos representativos --por la elevada frecuencia con que se producen-- o relevantes --por su singularidad--.

REFERENCIAS A LA REGION Así, encontramos varias referencias a la región, que dan algunas pistas sobre cuáles han sido las actuaciones más importantes en Extremadura de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos. Entre las más llamativas se encuentra la reivindicación de las compensaciones económicas concedidas a los damnificados por unas inundaciones acaecidas en Azuaga en 1997.

Poco después, los afectados solicitaron la "devolución del impuesto sobre bienes de naturaleza rústica correspondientes a ese ejercicio", al amparo del Real Decreto aprobado en diciembre del mismo año. Sin embargo, en el 2000 algunos ciudadanos no habían recibido todavía la devolución. Tras diversas gestiones del Defensor, una solicitud formal de los fondos al Ministerio de Economía y Hacienda resolvió definitivamente el problema el año pasado.

En el ámbito de la función y el empleo público, escenario de un elevado número de quejas, el informe de la oficina que dirige Enrique Múgica señala tres procesos acontecidos en Extremadura. En uno de ellos, una funcionaria de la Consejería de Presidencia denunciaba una posible situación de "acoso laboral", por la obstaculización a su pretensión de cambiar de trabajo.

En esta ocasión, el Defensor, tras solicitar información a la Consejería, comunicó a la interesada que realizar más actuaciones era improcedente, por la existencia de resoluciones judiciales que esta institución no debe entrar a revisar. En cuanto a la "discrepancia de una profesora de secundaria de Badajoz con algunos aspectos del permiso de lactancia", la investigación concluyó en la correcta pretensión de la administración educativa de ajustar este derecho a la realidad social.

Por último, un grupo de trabajadores de un juzgado placentino cuestionó la gestión del Ministerio de Justicia, al no haberles suministrado "sillas ergonómicas". Tras las correspondientes pesquisas, la Secretaría de Estado del ministerio indicó que se había concedido la autorización para el suministro de tales utensilios.

SANIDAD Y EDUCACION La sanidad y la educación fueron otros dos de los campos que coparon las demandas de los extremeños. En el primero, los usuarios de un centro concertado de diálisis en Plasencia denunciaron que éste "carecía de las condiciones elementales para dispensar una atención de calidad". Como respuesta, el Servicio Extremeño de Salud realizó una inspección que desembocó la mejora de la prestación del servicio.

En cuanto al sistema educativo, la institución recibió una queja por el "cambio de criterio de la Universidad de Extremadura en la aplicación de la exención de los precios públicos", por la falta de concreción la ley de la Consejería de Hacienda. No obstante, en este caso, el titular del organismo rehusó a interpretar la norma por considerarlo una "extralimitación competencial", lo que derivó en la recomendación del Defensor de evitar la "imprecisa redacción".