Las ciudades de Cáceres, Segovia, Almería, Valencia, Madrid o Londres han sido algunos de los lugares desde los que más de trescientos ciudadanos han pedido ser imputados por la protesta que se llevó a cabo el 13 de marzo ante la sede cacereña del Partido Popular. La iniciativa respondía a una campaña de autoinculpación en el proceso judicial puesta en marcha por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) y cuyas adhesiones fueron entregadas en el juzgado cacereño que instruye la causa.
La asociación pidió a los ciudadanos a través de internet que contribuyeran a la defensa de la democracia y de la libertad de expresión mediante la firma de un documento de autoinculpación, a fin de rechazar lo que consideran "un atentado contra los derechos ciudadanos", al tiempo que sirviera de crítica al proceso judicial originado por la denuncia interpuesta por el Partido Popular cuando aún estaba en el gobierno de la nación.
Buena respuesta
La respuesta fue numerosa. Más de 300 personas suscribieron los escritos de autoinculpación afirmando haber enviado mensajes a través de teléfonos móviles o manifestando que también habían participado en la concentración que se desarrolló ante la sede cacereña del Partido Popular, durante la jornada de reflexión, para exigir información sobre los atentados del 11 de marzo, que costaron la vida a más de cien ciudadanos. Como curiosidad, entre las adhesiones, había también un correo electrónico de un español residente en Londres que pedía sumarse a la campaña.
La campaña
Según la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, la campaña ha perseguido solidarizarse con aquellos que "de forma aleatoria" sí han sido imputados en el proceso como presuntos autores de un delito electoral. Por ello, sostiene el colectivo, estos ciudadanos han exigido también ser llamados a declarar, además de intentar conseguir el archivo del procedimiento penal abierto contra las personas que se han visto involucradas "en este juego político".
