El Gobierno está dispuesto a asumir el coste político y social de imponer por decreto ley su propia reforma laboral si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo la próxima semana. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que el miércoles, 16 de junio, el Consejo de Ministros aprobará los cambios en el mercado de trabajo "se produzca un acuerdo o no" entre los agentes sociales. Zapatero defendió ese nuevo decretazo por la necesidad de enviar señales de "confianza" a los mercados financieros que eliminen la "intranquilidad".

El presidente aseguró ayer en una rueda de prensa en Madrid que su Gabinete "tiene ya perfilado el contenido de la reforma laboral" y que va a afectar a "aspectos esenciales" del mercado de trabajo.

Zapatero señaló que es el "momento oportunoO de aceptar unas nuevas reglas de juego laborales porque de esa manera se ayudará a crear empleo estable y se abonará el terreno de la ±esperanza" que ayer dio el dato del paro del mes de mayo (76.223 personas desempleadas menos). "La economía quiere crecer", afirmó Zapatero. "Crecimos en el primer trimestre y debemos crecer en el segundo", añadió.

SEGUNDA REUNION Estas declaraciones se produjeron horas antes de la segunda reunión en esta semana al máximo nivel --Celestino Corbacho, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Gerardo Díaz Ferrán-- ante la que se había levantado la expectativa, alimentada por fuentes de la Moncloa, de que el Ejecutivo pudiera presentar un documento con los "márgenes" que "se pueden modificar para favorecer el acuerdo".

Sin embargo, no hubo tal documento sino una nueva rectificación. Fuentes de la Moncloa habían asegurado poco antes de la citada reunión que se había hecho llegar a sindicatos y empresarios un documento, lo que después negaron fuentes de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo.

En un escueto comunicado, los interlocutores señalaron que la reunión "ha permitido avances en algunas materias" de las que estan sobre la mesa de la negociación. Se acordó continuar con las conversaciones para "aproximar posiciones y alcanzar un acuerdo sobre las reformas del mercado laboral".

Oficiosamente se baraja la fecha del día 9 para un último encuentro antes de que el Gobierno apruebe el decreto. Sería al día siguiente del paro en el sector público. Durante la semana siguiente, hasta que se celebre el Consejo de Ministros, el Gobierno buscará el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios para aprobar la reforma por decreto.

La fecha elegida por Zapatero no es baladí. El día siguiente, jueves 17, volará a Bruselas para asistir al Consejo Europeo, el último que celebrará como presidente de turno, de manera que podrá acudir con la reforma estructural bajo el brazo. La amenaza sindical de la huelga general preocupa "relativamente" al jefe del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales. Zapatero, explica un dirigente socialista, considera que, si se convocara, iría contra el contenido de la reforma y no contra su "persona", a diferencia de lo que le ocurrió a Felipe González.