Bolonia y el derecho a la educación

Los ingenieros informáticos necesitamos sin demora que el gobierno regule la profesión y ordene el sector en el que trabajamos, al igual que ha hecho en distintos ámbitos socialmente sensibles como instalaciones industriales, obras civiles, medicina, etc. ¿Acaso nuestra sociedad permitiría que alguien realice operaciones sin estar facultado para ello? Francamente no.

La información en formato digital, la automatización de su tratamiento, el acceso y almacenamiento de enormes cantidades de información de manera automática, la creación constante de hardware más potente o de menor tamaño y la creación de software para dotar a la sociedad de nuevas posibilidades en todos los ámbitos (social, económico o profesional) ha supuesto una transformación completa de nuestra sociedad. El tratamiento automático de la información es una cuestión tremendamente delicada cuando se trata de información personal, por eso se crea la Ley Orgánica de Protección de Datos y sus reglamentos de desarrollo, para garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas, especialmente su honor e intimidad. Sorprendentemente, la legislación mencionada no establece ningún requisito que asegure que un profesional acreditado es responsable de que el sistema que guarda la información tiene un mínimo de seguridad y que la red de comunicaciones por la que viaja dicha información tiene mecanismos para evitar que sea capturada.

El anterior es sólo uno de los muchos ejemplos de actividad que debería estar regulada para dar garantías a la sociedad de que la creación, implantación y mantenimiento de los sistemas están dirigidos por profesionales capacitados para ello. No es posible que la informática, uno de los pilares básicos de la sociedad actual, permanezca por más tiempo sin ofrecer garantías de calidad y que los profesionales que aportan con su trabajo gran parte de la prosperidad e innovación de nuestro país sigan sufriendo esta clara injusticia.

Respecto a lo ocurrido el 28 de octubre de 2008 en el Congreso, consideramos que es un insulto frontal a toda la comunidad de profesionales y estudiantes de Ingeniería en Informática. Ese insulto no es más que una de las muchas injusticias que este colectivo viene sufriendo; pero esta manifestación será el punto de inflexión donde la comunidad de profesionales y estudiantes de la informática se unan y cambie su actitud para luchar todos juntos contra la situación de agravio comparativo permanente en la que vivimos.

Además queremos denunciar el riesgo que supone para la economía del país que el Ministerio de Ciencia e Innovación haya propuesto la estructura de todos los títulos universitarios de ingeniería, excepto el de Informática.

Esto agrava la situación de abandono y desprecio que el Ministerio de Industria, desde su Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y su Secretario de Estado, mantienen hacia esta profesión, motor de desarrollo tecnológico e industrial, por parte de los poderes públicos desde hace más de 30 años.

La lista de agravios comienza en el año 1990 cuando se aprobaron las titulaciones de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática. Esto es así, debido a que desde 1986 existe una ley en vigencia, la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, que refleja la obligación de asignarle atribuciones profesionales a todas las ingenierías técnicas, así como reflejaba la obligación de regular las profesiones a las que daban acceso las titulaciones de segundo ciclo, por lo que debería ser aplicada a la Ingeniería en Informática.

El incumplimiento de la Ley 12/1986 por parte de todos los gobiernos que han estado en el cargo desde que se aprobaron las titulaciones de ingeniería e ingeniería técnicas en informática ha provocado que en el mercado laboral nuestros profesionales sufran un sinnúmero de irregularidades y perjuicios. Todos los estudios de informática permanecen desde el año 1990 en un claro agravio comparativo con el resto de titulaciones reguladas para las que sí se cumple la Ley 12/1986.

Así, este manifiesto llama a la unidad de todos los profesionales de la informática y a los estudiantes de las ingenierías técnicas y superiores en informática para exigir el siguiente plan de actuación para resolver los problemas mencionados:

1º-- Obtener del Ministerio de Ciencia e Innovación el compromiso de elaborar una ficha de directrices específicas para las titulaciones de Ingeniería Informática, en las mismas condiciones que el resto de ingenierías, y en un plazo inferior a tres meses.

2º-- Obtener el compromiso público del Gobierno de España y demás fuerzas políticas para promulgar una Ley de Cortes de Regulación de la profesión informática, conforme a la Ley 12/1986, y en colaboración con los diferentes Colegios de Ingenieros e Ingenieros Técnicos de Informática, asociaciones profesionales y directores y decanos de escuelas y facultades de informática. Todo ello con una fecha límite no superior a 12 meses, creando a posteriori un debate para la transposición de la Directiva de Servicios en el ámbito informático en igualdad de condiciones con el resto de ingenierías.

3º-- Exigimos la creación de los Consejos Generales de Colegios de Ingeniería e Ingeniería Técnica en Informática ya que se está incumpliendo la ley sobre Colegios Profesionales que en su artículo 4.4 dice: "Cuando estén constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional existirá un Consejo General".

En la actualidad existen 11 Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática, y 5 de Ingenieros Técnicos, creados por leyes de parlamentos autonómicos.

Hace más de 4 años que el Comité para la Creación del Consejo de Ingenieros en Informática solicitó al Ministerio la creación de este Consejo General. A día de hoy no ha habido ninguna respuesta por parte del Ministerio.

4º-- Exigimos respeto y reconocimiento a la ingeniería y las ingenierías técnicas en informática, que no son una materia "transversal" como dice el gobierno si no una INGENIERIA Y UNA PROFESION DE RECONOCIDO PRESTIGIO y fundamental para la construcción de la Sociedad de la Información, con más de 215.000 afectados entre titulados y estudiantes, con un sector que genera el 1.6% PIB nacional.

Entendemos que la mayoría de los legisladores no conocían la situación profesional que existe en el sector de la informática; pero ahora que esta cuestión se ha hecho pública y saben la terrible injusticia que viene sufriendo el sector profesional de la informática, les exigimos que pongan fin a esta situación sin más demora.

Los que apoyamos este manifiesto estamos decididos a que se eliminen las injusticias que vienen soportando durante tantos años los profesionales y estudiantes de ingenierías e ingenierías técnicas de informática, y nos comprometemos a no cesar en nuestro empeño para que las reivindicaciones expuestas sean atendidas por las autoridades.

El proceso de Bolonia esconde demasiados fantasmas, fantasmas que a su vez son demasiado tangibles. No obstante no centraré esta reflexión en cuestiones económicas o ideológicas, sino en el derecho a la educación. ¿A qué altura está el corte por el cual debemos medir la presencia del mundo mercantil en la universidad y por defecto en la educación? Según la mesa redonda compuesta por las grandes empresas europeas tres años antes del manuscrito firmado en Bolonia, que posteriormente dará lugar al proceso que lleva popularmente el mismo nombre, la educación estaba necesitada de un cambio de rumbo, los licenciados universitarios debían reunir una serie de requisitos orientados hacia el mundo laboral y las necesidades del mercado. ¿Qué nos queda si el mercado también influye en la educación? ¿Debe una empresa regir el destino de un estudiante, de la formación de las personas? Son preguntas que nacen con todo este proceso.

La universidad desde sus orígenes surge como foco de estudio, de cultura y saber como herramientas tangibles del desarrollo del ser humano. Las disciplinas humanísticas son el mejor ejemplo de ello y el testigo imperturbable de este ideal del conocimiento como máquina de avance y realización de la humanidad. Si bien es cierto, el mundo y el sistema económico condicionan nuestra sociedad. El futuro está en manos de las generaciones de estudiantes que salen de las universidades actuales. Ese futuro por lo tanto, demanda una serie de conocimientos prácticos ya que el universitario no deja de ser por otra parte una pieza más en el gran puzzle que es el mundo. El dominio de las lenguas, de los recursos informáticos, la adquisición de habilidades de tipo administrativo o de liderazgo son complementos fundamentales para el pleno desarrollo de nuestras capacidades. Sin embargo, ¿no deberíamos llevar a cabo estas reformas basándonos en un orden? ¿Es justo que se cargue todo este peso a las frágiles espaldas de la universidad? No. La enseñanza y el aprendizaje, son procesos muy complejos, influidos por multitud de factores, entre ellos algunos como la actual ESO o la Educación Primaria. El dominio de la lengua extranjera debe adquirirse progresivamente y de manera firme durante los largos años de aprendizaje al cual se somete a los estudiantes desde su entrada en el mundo escolar, ¿es justo que se culpe a la universidad de perder batallas que verdaderamente no son las suyas? ¿Cómo podemos pensar que la lectura va a ser pilar de la vida de los universitarios, si en su infancia jamás vieron un libro en casa? ¿Puede la universidad potenciar más allá de sus posibilidades campos que hace tiempo deberían haberse superado por parte de los estudiantes?

No obstante, generadas estas cuestiones, una de las principales reformas de la Convergencia Europea consiste en dotar a los universitarios de una serie de conocimientos generales que les permitan abarcar un campo de acción más amplio en el desarrollo de su actividad laboral posterior, como se puede apreciar en el giro lectivo según el cual se han conformado los actuales grados. ¿No debería darse esta formación en la fase pre-universitaria, conocida como bachillerato? El sistema de educación debe replantearse desde la base, no desde el tejado.

Donde queda el derecho al conocimiento, ¿debe someterse la formación cultural a los designios de la gran empresa? Nadie habla por otro lado de las PYMES, son las grandes corporaciones las que demandan estas reformas. Las mismas que se ciñen a una política económica capaz de arrojar a la calle a miles de trabajadores por no superar expectativas económicas muy alejadas de las pérdidas y muy cercanas al lucro. ¿Es esto justo?

¿Se ha informado a la sociedad por otra parte de un proceso que va a afectarle de manera tan decisiva? Las enseñanzas medias, no han recibido información sobre el Proceso de Bolonia suficiente como para que pueda generarse una opinión pública al respecto, a su vez se ha obviado a las asociaciones de padres, los cuales deberían tener un papel fundamental en este proceso como tutores de los futuros universitarios. Por último tampoco ha habido un proceso de información desde las instituciones para generar un debate en el seno de la comunidad universitaria, la inmediatamente afectada. La universidad del futuro debe ser fruto del consenso y el debate de la sociedad, reflejando un punto de partida basado en el conocimiento y el saber y no en las necesidades del capitalismo.