LLa Policía Nacional ha desmantelado una red de venta de títulos universitarios falsos y ha detenido a los propietarios de dos academias de Alicante y Málaga por vender estos títulos a 18.000 euros cada uno. En la operación Estudiante , que se ha desarrollado en 18 ciudades españolas, han sido arrestadas otras 25 personas que, tras pagar por el fraudulento expediente académico, no dudaron en ejercer de médicos, psicólogos, ingenieros forestales, fisioterapeutas, químicos farmacéuticos, abogados o arquitectos. Dos de ellos son extremeños, el conocido mentalista Carlos Santillana --que en realidad se llama Juan Carlos Cofrade-- y el dueño de una clínica de naturopatía de la zona de Azuaga. Se hacían pasar por médicos gracias a los documentos emitidos supuestamente por varias universidades de Perú, donde los investigadores esperan efectuar nuevas detenciones.

De hecho, la gran mayoría de los falsos licenciados no se decantaron por una titulación cualquiera, sino que tuvieron la suficiente sangre fría y los insuficientes escrúpulos como para convertirse en médicos cirujanos. Muchos de ellos ejercían en clínicas privadas expidiendo altas y bajas médicas y recetando medicamentos. El comunicado policial incluso asegura que en el caso del mentalista cacereño que trabajaba en residencias de la tercera edad en Andalucía, "su imprudencia profesional casi le cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos".

En otros casos, los detenidos habían abierto centros de medicina estética, donde fabricaban cremas para la reducción de grasa corporal y tratamientos contra las arrugas. También ponían inyecciones de silicona, bótox y vitaminas y aplicaban sesiones de radiofrecuencia y dermoabrasión.

La investigación se inició en San Sebastián con la detención de tres supuestos fisioterapeutas que admitieron haber pagado 18.000 euros por el título. Estos arrestos sirvieron para empezar a tirar del hilo hasta llegar al propietario de una academia de Alicante y, posteriormente, al dueño de otro centro de Málaga, a otros 25 detenidos y a otros 12 imputados. Las dos personas que vendían los diplomas aseguraban a sus clientes que los títulos ya habían sido homologados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, este departamento afirmó que "solo" se homologaron "media docena" de expedientes.