Estos días la idea anunciada de que los jóvenes recién licenciados y con los mejores expedientes académicos de cada promoción pudieran ser incorporados, previa formación posterior de cinco años por el Ministerio de Justicia, a la carrera judicial está levantando todo tipo de repulsa fundamentalmente entre los sectores más implicados, entiéndase los agentes ligados de una u otra forma al mundo del derecho. Los que nos dedicamos a otra cosa, en mi caso a la investigación social y su posterior docencia, aún comprendiendo la postura de los que meritocráticamente han aprobado la oposición a juez o fiscal después de duros años de preparación --curiosamente los mismos cinco años de media que la propuesta del Ministro-- y se sienten (o pueden sentirse) comparativamente perjudicados en su esfuerzo de entrada, podemos analizar la propuesta desde otro ámbito que aún la opinión pública no ha tenido en cuenta, veamos.

Fácil es situar a cada persona en una posición social que le confiere oportunidades vitales o les niega esas mismas posibilidades, a esto tradicionalmente se le ha denominado la posición de clase de un sujeto social determinado, recientemente se dice que forma parte de un estamento social al dividir de esta forma la sociedad, quitando, por tanto, esa valoración neomarxiana. Sea como fuera todos partimos de un capital social, fundamentalmente adquirido por la posición de nuestros padres, que bien gestionado nos permite vivir en la misma clase social de procedencia familiar. Estamos hablando de la dificultad de movilidad social en nuestras sociedades complejas del tercer milenio, más allá del mito de la igualdad de oportunidades que gestiona nuestras voluntades y legitima el acceso a las mejores posiciones que una sociedad genera en su desarrollo laboral y por tanto social en su sentido más amplio.

Es ahora cuando decimos que ser juez o fiscal es una posición muy deseada por las clases medias y difícilmente alcanzadas por las clases bajas, entendiendo que esta terminología nos permite visualizar las distintas recompensas sociales que cada una de ella genera aún sabiendo que son otros dibujos virtuales que la moda del momento muestra en la investigación sobre estratificación social como puede ser el caso del Profesor Tezanos en la interpretación dual de la sociedad (aquellos ciudadanos de pleno derecho y otros que no llegan a serlo). La gestión de la justicia del Estado --de la sociedad en definitiva-- es patrimonio de las posiciones de clase media, de ahí que toda la estrategia de acceso requiera de su propio mantenimiento. Esto no quiere decir que no haya jueces y fiscales de clase de procedencia baja o trabajadora (yo conozco a algunos), pero son los menos por todos los filtros necesarios para superar esa larga travesía.

Desde este preámbulo nos podemos acercar a analizar el invento del Ministro Bermejo. Escoger a jóvenes licenciados en derecho en función de su expediente académico e incorporarlos a la profesión mencionada de juez o fiscal es dar un salto cualitativo en la eliminación de obstáculos para que las clases menos favorecidas del sistema puedan competir en igualdad de condiciones a estos puestos tan valorados en nuestra sociedad. Una vez que un joven entra en la Universidad --la verdadera dificultad en términos de clase social es esta-- son sus méritos (inteligencia, esfuerzo, ambición y otros) los que priman para conseguir la buena nota que requiere el nuevo plan Bermejo para acceder a ser quienes nos juzgan. Después, según el esbozo de este mismo plan, estos esforzados jóvenes tendrán que seguir estudiando-trabajando en hospitales, empresas y otras instituciones para completar su formación jurídica-social, pero ya estarán dentro rompiendo de esta forma el casi monopolio de las clases medias por situar a sus hijos en la carrera judicial en la que los cinco primeros años de la licenciatura deberán sumar otros cinco de media como ya hemos mencionado para estar dentro de esta profesión tan rentable socialmente.

El Ministro de Justicia llevado por la urgente necesidad de reclutar profesionales en este ámbito del derecho y no sabemos si guiado o no por esta previa reflexión, cambia las reglas del juego e incorpora justicia práctica en esto que venimos en llamar movilidad social. Un paso más, por tanto, hacia la igualdad de oportunidades y esperando que la propia necesidad marque igual tendencia en otras profesiones también valoradas en nuestra sociedad y a las que el cinturón protector no hace que estén de verdad los mejores.