El malestar de muchos usuarios de discos compactos por el canon que pagan dirigido a compensar las copias ilegales de música ha cristalizado ya en demandas judiciales. Un juzgado de primera instancia madrileño verá el próximo 11 de noviembre la primera demanda en la que se reclama la devolución de esta tasa en el precio de los discos grabables de audio y datos. Es decir, una reclamación por un importe de 22 céntimos de euro. Pero no va a ser la única. Otras 16 están ya en los juzgados y otras tantas andan en preparación.

"La mejor manera de protestar contra algo es luchar por la vía legal. Hay que educar a los chavales que se quejan contra las entidades de gestión en el ejercicio de los derechos ciudadanos", justifica Javier de la Cueva, el abogado que ha presentado la primera denuncia e impulsor de la campaña. "Nadie plantea un pleito por 22 céntimos, porque entran en ese punto en que cuesta más el abogado que lo ganado, pero hay que actuar también con un sentido social de la profesión", asegura.

De la Cueva, que ha escrito distintos artículos sobre el tema, distribuye la plantilla de la demanda gratis a través de su página de internet (www.derecho-internet.org), y recuerda que, por su importe, no precisa abogado ni procurador para ser presentada. El texto plantea, en 75 folios, si es constitucional la aplicación de la "remuneración por compensación en favor de los autores por el derecho a copia privada señalada en el artículo 25.1 de la ley de propiedad intelectual" y exige la devolución del importe del canon, es decir, los 22 céntimos que se fija para un CD grabable de 74 minutos, que cuesta, sin ella, de 20 a 30 céntimos.

Esta tasa, con un baremo de distintos tramos, siempre por tiempo disponible de grabación, la pagan actualmente todos los discos, memorias sólidas y aparatos de grabación destinados al mercado español, gracias a un acuerdo entre siete sociedades de gestión de autores y productores, entre ellas la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), y la patronal del sector informático, Asimelec. Un pacto cuya legalidad y obligado cumplimiento, especialmente para las instituciones públicas, el abogado también cuestiona en su demanda, por entender que es "una compensación gestionada por entes no públicos".