Un centenar de trabajadores de la empresa Unionbus se ha concentrado hoy ante la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar el pago de las cantidades adeudadas, ya que pese a que se le han abonado las nóminas de enero y febrero, se les adeudan todavía algunas otras.
El secretario de organización estatal del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Callazas, ha explicado hoy que la empresa Unionbus les ha abonado las nóminas correspondientes a enero y febrero a los trabajadores, pero mantienen los paros anunciados como medida para "conseguir la totalidad de las cantidades adeudadas".
Según Callazas, los trabajadores, que han estado apoyados en la concentración por la diputada de Podemos Jara Romero, "aún están pendientes del pago de los salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, así como la paga extraordinaria".
En este sentido, ha expresado que tras "esta buena noticia", los trabajadores de la empresa seguirán con sus paros reivindicativos hasta conseguir la totalidad de las cantidades adeudadas, dado que esta problemática "amenaza aún más la despoblación de las localidades rurales más pequeñas de la región".
Por su lado, Jara Romero ha asegurado que "la Junta de Extremadura tiene una responsabilidad subsidiaria con los trabajadores, que llevan tres meses sin cobrar".
A su juicio, esto no es un problema coyuntural, sino que la misma situación también la están sufriendo otros trabajadores de otras empresas del sector, como es el caso de LEDA.
En esta empresa también están teniendo problemas a la hora de cobrar sus nóminas "porque las empresas aseguran que no tienen liquidez debido a que el Gobierno que dirige Guillermo Fernández Vara no les está pagando lo comprometido", ha señalado.
La diputada ha considerado que de nada sirve que las cláusulas sociales se incluyan en los contratos públicos, si luego no se exige a las empresas adjudicatarias que las cumplan y subrayado que "al final, quien termina pagándolo siempre, son los empleados".
En su opinión, todo esto evidencia "el abandono" de la Junta de Extremadura a la hora de encontrar soluciones efectivas que garanticen los desplazamientos" a los ciudadanos en Extremadura.
