En el pleno del jueves celebrado por la corporación municipal del Ayuntamiento de Villanueva, el gobierno local dio cuenta de las enajenaciones, mediante subasta pública, de dos porciones de 40.000 metros cuadrados, a segregar de la finca municipal Montepozuelo, con destino a la instalación de dos empresas que tienen previsto invertir 1,1 millones de euros en la localidad y que crearán en torno a los 35 puestos de trabajo.

Una de ellas tendrá como destino la instalación de una bodega de vinos, que invertirá unos 252.500 euros. En este caso, ha sido una sociedad formada por varios emprendedores, uno de ellos de Villanueva, la que ha mostrado al consistorio interés por desarrollar este proyecto.

Esta bodega generaría entre 7 y 10 puestos de trabajo fijos, una cifra que se podría ampliar en época de vendimia.

Por su parte, la otra parcela tendrá como destino la instalación de una planta de tratamiento de aguas y lodos con hidrocarburos y un centro de transferencia de residuos industriales.

Este ambicioso proyecto lo quiere poner en marcha una empresa de Badajoz y se desarrollaría en tres fases, en la última de las cuales el objetivo es obtener un abono orgánico para uso agrícola.

PLANTA PIONERA Como apunta el edil de Industria y Comercio villanovense, Manuel Mejías, esta planta "sería la primera de estas características de la región" y contaría con una inversión aproximada de unos 900.000 euros.

Con estas dos, y durante su primer año de legislatura, el ejecutivo local ha logrado atraer ya a ocho empresas a la finca municipal, que han sido las que han enajenado terreno en esa zona, por las cinco empresas que lo hicieron allí en la anterior legislatura; aunque en el caso de Sacyr ésta cesó la actividad.

Un espacio en el que, como informó el alcalde villanovense, Miguel Angel Gallardo, en el pleno, "están muy avanzadas las conversaciones con la consejería de Economía para la construcción de un polígono industrial".

Por su parte, el PP, a través de su portavoz, Víctor Fragoso, criticó el hecho de gobierno esté "malvendiendo el suelo municipal a ochenta pesetas el metro cuadrado", así como que en el pliego de condiciones no se contemple una claúsula de reversión del terreno en caso de que la empresa adjudicataria incumpla el contrato. Una claúsula que no incluye el ejecutivo ya que, como justificó el edil Manuel Mejías, "dificulta que los adjudicatarios puedan pedir en los bancos préstamos, como pasa con algunas de las empresas que enajenaron terreno en la anterior legislatura".