La presunta agresión a dos maestras por parte de la madre de una alumna del colegio público Cruz del Río quedó ayer visto para sentencia. El fiscal pidió una pena de tres años de cárcel para la imputada por dos delitos de atentado a un funcionario público, mientras que la acusación particular, asistida por un letrado de la Junta, solicitó dos años por considerar que solo hubo un delito de atentado. En caso de fallarse que es una falta, la pena sería una multa.
El juicio, previsto para las once de la mañana, comenzó con retraso en el Juzgado de lo Penal de Don Benito, en el que compareció la imputada S.P.D.S., las dos maestras M.A.B.C., y T.C.N., y cuatro testigos presentados por la acusación particular. Esta es la primera vez que este tipo de incidente se juzga como un delito de atentado a funcionario y no en juicio rápido por falta como se hizo cuatro días después de la supuesta agresión. Entonces el juez de Instrucción declaró nulo el juicio y estableció su transformación en diligencias previas para enjuiciar la causa por lo penal, tal y como habían solicitado tanto el ministerio fiscal como el letrado de la Junta.
La presunta agresión juzgada ayer se produjo el 19 de octubre del 2007 en este centro escolar a primera hora de la mañana. Las profesoras --que ayer desistieron de hacer declaraciones-- dijeron en su día que la madre de la menor pidió explicaciones a la profesora de apoyo de su hija porque, según la pequeña, la había llamado "guarra".
Las maestras declararon que, entre gritos y voces, las zarandeó un brazo provocándoles hematomas y arañazos, tal y como consta en el parte médico. Sin embargo, la denunciada declaró también entonces que la lesionada fue ella cuando una de las maestras la agarró de un brazo para subir las escaleras y hablar con la niña, que desde este curso estudia en otro centro.
ADMITE UNA FALTA La defensa de la acusada, representada por el bufete de abogados Angel Luis Aparicio declaró a su cliente inocente. Aparicio señaló ayer que "en cualquier caso, reconocerían como alternativa una falta contra el orden público". También alega legítima defensa ante una agresión verbal y entiende que hubo un zarandeo mutuo.
La primera en entrar a declarar ante el juez fue la imputada, y luego las maestras y los testigos, entre ellos el policía local que acudió al lugar y que estaba en el exterior regulando el tráfico para facilitar la entrada al colegio de los escolares. La defensa señaló ayer, al concluir, que incurrieron en contradicciones.
