La organización APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores de Tierra de Barros han mostrado, de manera conjunta, su «preocupación» por cómo se está desarrollando el proceso de expropiación de terrenos necesarios para acometer el proyecto de regadío en Tierra de Barros

El Diario Oficial de Extremadura publicó en la web de la Junta la relación de bienes afectados por la ejecución de estas obras, un hecho que da el pistoletazo inicial del proceso de expropiación, aunque desde estos colectivos recuerdan que al proyecto «todavía le faltan muchas certezas, lo que genera incertidumbre entre los agricultores que se pueden ver afectados, además de estar ofreciendo productos fuera del mercado».

Según APAG Extremadura Asaja y la Comunidad de Labradores, estos proyectos no sólo deben ser viables técnicamente, sino que también tienen que saber aprovechar las condiciones agronómicas y físicas de partida para que sea lo menos perjudicial posible para los afectados por las expropiaciones. En este sentido, se ha pedido a la administración que «pague las expropiaciones de forma justa y razonable».

Ambos colectivos han puesto el grito en el cielo porque el precio inicialmente establecido para pagar las fanegas expropiadas está reducido a un tercio del valor real de las mismas, según ha podido saber este periódico. Algunos agricultores dicen que se ofrecen en torno a 6.000 euros por algunas fanegas que, en realidad, podrían tener un precio real de mercado de 15.000 euros. Esto podría llevar a que se produzcan alegaciones por la vía administrativa que, de no resolverse, terminarían en tribunales por la vía judicial. De momento, el proceso está en una fase previa, por ello este comunicado para que puedan atajarse soluciones lo antes posible.

El proceso de las expropiaciones ya está en periodo de información pública y presentación de alegaciones. Desde Asaja y la Comunidad de Labradores indican que todavía no está firmada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana la dotación del agua que se destinaría a los regadíos o, algo más crucial, la financiación definitiva para sacar adelante el proyecto.

Es por todo ello por lo que desde ambas organizaciones se muestran preocupados por los interrogantes existentes y piden a la Consejería de Agricultura que aclare las dudas para que el inicio de este procedimiento de expropiaciones no perjudique a nadie y no suponga «una carga para todos los afectados, además de la necesidad de que se abone a un precio justo.