La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha vuelto a exigir a la Junta de Extremadura, y a su presidente Guillermo Fernández Vara, que se pague a un precio justo las expropiaciones que deben realizarse como consecuencia del proyecto de regadío en Tierra de Barros «y si para eso hace falta que se incremente la partida de ocho millones de euros asignada a esta finalidad, que se incremente», señala.

La Comunidad de Labradores se ha reunido esta semana en una asamblea y ha calificado de «intolerable» el precio de 1,15 euros por metro cuadrado que se pretende pagar a los afectados en tierras que se encuentran en plena producción, cuyo valor real según este colectivo «se duplica y triplica en la mayor parte de los casos», ya que se tratan de explotaciones que se ubican en tierras de alto valor productivo y buena parte de ellas han sido reestructuradas con espalderas y sistemas de regadío de las que se obtienen importantes cosechas de uvas y aceitunas. 

Esta asociación ya expuso la necesidad de que la Junta de Extremadura incrementara la partida destinada al tema de las expropiaciones para pagar el precio real que corresponde por esas fincas. Dicen desde el colectivo que «si no lo hacen quedará en evidencia que una vez más estamos ante una maniobra de distracción política, en lugar de estar al comienzo de un proyecto de gran alcance para el futuro de la comarca».

Los agricultores consideran que el precio que se pretende pagar es erróneo porque para establecerlo se ha tomado en cuenta una serie de variables que no se ajustan a la realidad como el cultivo, la calidad de la tierra o la localización. «Con ese precio ni se paga el valor de las explotaciones ni los daños que se ocasionan», puntualizan. Además, añaden que las expropiaciones temporales de servidumbres en las que se vean afectadas estructuras de cultivos supondrá un importante trabajo añadido para el agricultor.

Desde la comunidad inciden en que cuando se procede a una expropiación forzosa como ésta, ha de ser la administración la que deba correr con los gastos, y no los afectados acudiendo a gabinetes técnicos y jurídicos para presentar sus alegaciones y recursos, como corre en este caso. Desde la asociación también han criticado la gestión del secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, al reiterar que «la administración no negocia» y dice que en varias reuniones mantenidas con él no se ha llegado a ningún acuerdo. Consideran que su actitud no es propia de un responsable político en un proyecto de este tipo.