La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha vuelto a exigir a la Junta de Extremadura que oficialice los costes de producción de la uva y de la aceituna, “tras una desastrosa campaña en los dos subsectores, donde la inacción del gobierno extremeño y la labora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) llevaron a los agricultores a vender a pérdidas sus productos”, dicen en un comunicado.
La comunidad indica que tampoco la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria impidió las ventas por debajo de los costes de producción, “cuando este es uno de los objetivos fundamentales del texto legal”, provocando así pérdidas inasumibles al agricultor.
Recuerdan que el pasado mes de octubre Apag Extremadura Asaja tuvo que presentar una denuncia ante la AICA por los precios que pagaban a los agricultores por la aceituna de verdeo en Tierra de Barros, por debajo de los costes de producción, y “realizamos un estudio cuya conclusión fue que esas pérdidas se cifraban en al menos el 20%”.Si la Comunidad pudo hacer una estimación de los costes de producción con los escasos medios con los que cuenta, la Administración dispone de muchos más técnicos cualificados, dicen. Así ha pasado con los estudios realizados en los subsectores de la ciruela y la cereza, cuyos informes ha hecho públicos recientemente la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.
Impacto socioeconómico
Los labradores defienden que el impacto socioeconómico de los subsectores vitivinícola y olivarero en Extremadura, y concretamente en Tierra de Barros, no es de menor relevancia que el de la cereza y la ciruela. “Por eso no se entiende que la consejera de Agricultura dijera el pasado mes de diciembre que tienen que saberse los costes de producción, para que la Ley de Cadena Alimentaria sea eficaz y ponga al productor en el centro la cadena de valor, y continuemos sin conocer cuáles son esos costes en la uva y la aceituna”.
La comunidad valora tanto los informes sobre los costes de producción, viabilidad e incidencia económica realizados por la Consejería de Agricultura y la Universidad de Extremadura para los subsectores de la ciruela y de la cereza, como los anunciados por la propia consejera para el tomate y el tabaco, y reitera su petición para que se agilicen los estudios de costes de producción de la uva y la aceituna, “ahora que estamos más que a tiempo, porque de lo contrario, la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, será la responsable de los posibles abusos y fraudes que los agricultores puedan sufrir cuando llegue la próxima campaña”
Concluyen indicando que, “si el Gobierno extremeño tuviera realmente la voluntad política de defender los intereses de los agricultores, además de llevar a cabo esos estudios se plantearía seriamente el hecho de que los costes de producción
del vino y el aceite fueran costeados por toda la cadena de abajo hacia arriba”.
