Los labradores también apuntan al Gobierno nacional de la crisis de la vid y el olivo

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha puesto el dedo en el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, al que acusa de «querer acabar con la agricultura en Tierra de Barros por dejar a los cultivos permanentes fuera de las ayudas aprobadas por la sequía», una responsabilidad que dicen también tiene la Junta de Extremadura, puntualizan en un comunicado.

Expone el colectivo que «el 95% de los cultivos de la comarca de Tierra de Barros son de viña y olivar, por lo que no contemplar ayudas directas para estos agricultores en los decretos aprobados por ambas administraciones supone la prueba más evidente de querer acabar con una economía eminentemente agrícola, que hasta hace no mucho era el motor de Tierra de Barros».

Desde la Comunidad de Labradores advierten que «sustituir la actividad agraria por un mar de placas solares, que en un principio parece la panacea, supondrá el empobrecimiento de la comarca por las consecuencias económicas y sociales que traerá consigo esa apuesta en una tierra fértil y productiva».

Ante esta situación, han reclamado a los alcaldes de las poblaciones de la comarca que se posicionen a favor de los agricultores y que exijan a los gobiernos autonómico y central medidas para que la agricultura sea viable y rentable. Asimismo, los agricultores también han recordado que los cultivos permanentes quedaron al margen de todas las ayudas con motivo de la pandemia y también fueron olvidados con la irrupción de la guerra de Ucrania.

La ruina

Desde la Comunidad de Labradores también reflexionan que «si otras comunidades pueden financiar con fondos propios esta destilación y en Extremadura no se hace es sencillamente por pura incompetencia del Gobierno regional». Recomiendan al presidente extremeño mirar a su homólogo de La Rioja, que según la Comunidad de Labradores está gestionando una partida de 15 millones de euros con fondos propios para esta destilación de crisis y abonando más de un euro por litro de vino excedentario.

También han comentado en la nota que, «si por parte del Gobierno extremeño no se actúa con celeridad cuando estamos a tres meses de la próxima vendimia, productores y bodegueros están condenados a la ruina».  

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