Como resultado del acuerdo sobre financiación autonómica suscrito a finales del 2001, Extremadura obtuvo la cesión, parcial o íntegra, de impuestos como el IRPF, IVA, Hidrocarburos, Matriculaciones o Tabaco, así como la competencia para modificar algunos de ellos.

Ejerciendo esa capacidad normativa, la Junta diseñó una ley fiscal, la primera de la región, que modificaba cinco tributos y eliminaba otros dos, y que fue aprobada por la Asamblea en noviembre, para que empiece a surtir efectos el 1 de enero.

Así, en el impuesto más generalizado, el de la renta, donde el Ejecutivo regional puede tocar su tramo del 33%, se incorporaron deducciones del 3% de lo que los menores de 35 años que ganen menos de 18.000 euros destinen a la compra de una casa de protección pública. Además, también se rebajarán 120 euros a los asalariados que cobren menos de 15.000 euros al año y habrá bonificaciones por actuaciones en favor del patrimonio extremeño.

En cuanto al Impuesto de Transmisiones, el tipo general sube del 6% al 7%, mientras que el de Actos Jurídicos Documentados pasa del 0,5% al 1%. Por otro lado, en Sucesiones y Donaciones quedan exentas las compras de casas por parte de familiares en primer grado cuando muera el propietario, siempre que se trate de viviendas de protección oficial. Otro impuesto que varía es el de Solares, ya que se rebaja la tarifa hasta un máximo del 20% del valor catastral, y los incrementos anuales serán del 1%, y no del 5%.

Finalmente, desaparecen los tributos sobre dehesas y regadíos, al considerar que se trata de impuestos desfasados.

Otro aspecto reseñable en este ámbito es que el próximo año será el del estreno del impuesto a los bancos, con el que la Junta espera recaudar 6 millones de euros, muy lejos de los 36 millones de euros que se barajaron como recaudación hace pocos meses.