Como auguraban todos los pronósticos, el corazón de La Madrila estalló nuevamente. Y lo hizo de madrugada, como sucediera 11 años atrás, cuando la guardia pretoriana de Alicia Izaguirre, entonces gobernadora civil de Cáceres, disparara todas sus alarmas aquel 13 de octubre de 1991. La ciudad había entrado en otro milenio, pero el 6 de octubre del 2002 la historia se repetía. Nadie había podido hacer frente a la movida, uno de los problemas más graves que azotan a la sociedad cacereña de este nuevo siglo. Todo seguía igual. Había pasado más de una década y la noche volvió a arder.

Ni la nueva Ley Orgánica de Universidades, ni la falta de profesores, ni la posible desaparición del Cimov o de la fábrica de cerámicas Waeschtersbach habían levantado una protesta tan virulenta en Cáceres como el nuevo horario de cierre de los bares, aplicado por la Junta de Extremadura en su normativa.

Miles de personas protestaron, y lo hicieron de la peor manera posible: pegando patadas y quemando contenedores. Seis jóvenes detenidos, uno de ellos menor de edad, y tres policías locales heridos, fue el resultado de los gravísimos enfrentamientos que tuvieron lugar en la madrugada del día 6. De los seis detenidos, cinco ingresaron en prisión. Los hechos se iniciaron a las tres y se prolongaron hasta las siete.

Los incidentes coincidieron con el primer fin de semana en el que se hacía cumplir la hora de cierre de los locales de copas, tras el regreso de los universitarios a Cáceres. Desde que en 1991 los estudiantes quemaron el Edificio de Servicios Múltiples y pusieron en jaque la seguridad ciudadana, en la capital cacereña el horario de cierre se ha incumplido de forma sistemática y el botellón ha aumentado de forma indiscriminada.

3.000 MANIFESTANTES

Según datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura, un millar de jóvenes --unos 3.000 según testigos presenciales-- participaron en los disturbios de esa noche del 2002. Los hechos volvieron a coger por sorpresa a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a las autoridades, que no pudieron frenar a tiempo la imparable revuelta juvenil.

La respuesta llegaría al día siguiente. El Gobierno prometió mano dura para atajar los actos de violencia y el delegado gubernativo extremeño, Oscar Baselga, decidió enviar a Cáceres a 40 policías antidisturbios. El jueves, 10 de octubre, justo a las puertas del siguiente fin de semana de los primeros sucesos, Cáceres se convertía en una ciudad sitiada por la policía. Más de un centenar de agentes se desplegó por la capital para evitar más altercados, mientras en todos los sectores cacereños se generaba un intenso debate social en torno a la movida.

Pese a la presencia policial, los estudiantes no estaban dispuestos a bajar la guardia y en la madrugada del 11 de octubre Cáceres vivió otra noche de infarto. La presencia de los medios de comunicación y las cámaras de televisión alteraron aún más los ánimos. Finalmente, cinco jóvenes fueron detenidos, uno de ellos pasó a disposición judicial, aunque luego quedó en libertad.

FUERA DE LA CARCEL

Ese día también se conocería que los cinco jóvenes que habían ingresado en prisión el lunes anterior por los disturbios del 6 de octubre quedaban en libertad después de haber vivido una semana traumática en la cárcel. La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, Mari Luz Charco, decretó su libertad provisional sin fianza. Desde entonces y hasta que se celebre el juicio, los estudiantes --ninguno de ellos mayor de 22 años-- deberán comparecer en el juzgado correspondiente los días 1 y 15 de cada mes.

Aunque las autoridades no estaban dispuestas a ceder (Ibarra dijo que no cambiaría el horario de cierre "porque 100 energúmenos quemen media ciudad, porque estaría justificando la kale borroka de otros sitios"), los hosteleros sí emplearon sus armas para no mermar sus ganancias económicas y aplicaron a rajatabla la normativa.

Esta aplicación de la ley creó en la ciudad una situación ridícula respecto al horario de cierre de los locales. De hecho, la Junta de Extremadura había dictado una ley sobre la apertura y cierre de los bares que databa de 1996, pero que hasta ahora no se había puesto en práctica en Cáceres de una manera seria.

Así las cosas, y con la normativa en la mano, el cierre se fija en las cuatro de la madrugada en temporada de invierno y a las cinco, en verano, para todos los establecimientos incluidos en el grupo E, donde se enmarcan las discotecas. Los bares especiales (grupo F) deben cerrar a las 2.30 en invierno y a las tres en verano y los bares normales --los del grupo C-- lo hacen a la 01.30 en invierno y a las dos en verano.

En Cáceres la aplicación de esta ley adquiere irremediables tintes conflictivos si se tiene en cuenta que de los 605 bares que hay en la ciudad, sólo tres tenían entonces categoría especial y cuatro, categoría de discoteca. En el área de la movida hay más de 124 establecimientos.

Los bares leyeron hasta la letra pequeña. Como la inmensa mayoría de locales de la movida tienen la categoría C, ¿qué hacían? cerraban a la 01.30 y reabrían a las seis.

Si a esto se añade que más de 10.000 jóvenes acuden los sábados al botellón de la plaza y que el ocio juvenil no se entiende sin locales de copas, es más que lógico que esa noche el fuego llegara a La Madrila.