La Audiencia tiene pendiente de sacar una sentencia de conformidad, del juicio contra P. M. P., que era secretaria interventora del Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena en octubre del 2000.
Las partes acordaron una pena de 20 meses de prisión e inhabilitación y el abono de 20.000 euros por responsabilidad civil en cuatro años, como responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Y ello, con las atenuantes de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas.
La acusada, según la sentencia, dispuso de 12.145 euros en efectivo de la caja municipal y realizó diversas transferencias bancarias por importe de 108.296,77 euros por vía informática, utilizando las claves para cuyo uso estaba autorizada, desde la cuenta del ayuntamiento a dos de ella y su marido, poniendo los nombres de distintos proveedores del consistorio.
