Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Permiso de Investigación denominado LIRA, en La Codosera, por considerar que hay «Importantes irregularidades». La organización alerta de la fiebre extractiva de multinacionales que han puesto sus ojos en la región, con el apoyo de la Junta de Extremadura en la tramitación de «expedientes con graves defectos, y que amenazan la continuidad de los modos de vida de muchas comarcas».

El pasado día 29 de junio, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto de investigación minera solicitado por Ormonde Minería Ibérica, S.L.U., que pretende estudiar una amplia zona en La Codosera, para la extracción de diferentes minerales, especialmente oro.

Con esta solicitud, dice la organización, «se asiste a un nuevo ejemplo de la fiebre minera que afecta a Extremadura, con numerosos proyectos repartidos por toda la región. Y se vuelve a hacer patente el inadmisible cúmulo de irregularidades y deficiencias que contienen tanto los proyectos como su tramitación».

Y añade que aun siendo todas ellas importantes, se puede calificar «de especialmente grave que no se haya sometido a una evaluación de impacto ambiental un proyecto que se pretende ejecutar en una zona que se ubica dentro dos espacios de la Red Natura 2000 (ES0000407 Nacimiento del Río Gévora y ES4310022 Río Gévora Alto) que albergan 16 hábitats y 114 especies con algún tipo de figura de protección». Pues dice que «aunque el permiso es para investigación y no para su explotación, su ubicación hace necesaria la evaluación de impacto ambiental no sólo para determinar las afecciones que los trabajos de sondeo puedan suponer para la zona, sino también para determinar si es viable ambientalmente su futura explotación, en caso de que la empresa decidiera acometerla».

Junto a esta «carencia», indica que el proyecto presenta «toda la serie de omisiones e indefiniciones que se han convertido en habituales en estas solicitudes que hacen incomprensible como la Junta las admite a trámite sin impedimento ni exigencia de subsanación». Estas carencias se relacionan «con indefiniciones en las actuaciones que se realizarán -con lo que es imposible valorar su impacto-, con deficiencias en el Plan de Restauración así como con la acreditación de la solvencia técnica y económica de la empresa, que ni siquiera determina la garantía económica por responsabilidad ambiental que está obligada a establecer». Ecologistas en Acción señaló que «tampoco justifican que las técnicas que se vayan a emplear sean las más adecuadas. Y no hacen un estudio de la afección al sistema económico de las poblaciones del entorno». Y «por si no fuera poco, la Junta hace su aportación desatendiendo sus obligaciones de difusión de la información y de acceso a la participación pública», dijo.