El 4 de enero de 2021, el policía local Juan Pedro Pulido dio visibilidad a un problema que Alburquerque lleva arrastrando desde hace años. Ese día, decidió iniciar una huelga de hambre para protestar por el impago de nóminas a empleados municipales. Un año después, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor.
El caso de Pulido es el de mayor repercusión, pero como él hay 200 afectados más, y uno de ellos es Enrique Pámpano, antiguo encargado de la lavandería del centro ocupacional. «Yo me cruzaba de brazos todos los días, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, porque no tenía material con el que trabajar; terminé con medicación y unos ataques de ansiedad de escándalo. Estaba hecho polvo y se me pasaron un montón de barbaridades por la cabeza. Además de dejarlo, te dan ganas hasta de quitarte de en medio prácticamente. Menos mal que la familia ha estado ahí y me ha ayudado», cuenta.
«Te dan ganas hasta de quitarte de en medio. Menos mal que la familia ha estado ahí y me ha ayudado»
A este trabajador no le quedó más remedio que darse de baja, periodo durante el que, según cuenta, el ayuntamiento aprovechó para no renovarle: «Me hacían contratos de tres meses, pero yo llevaba allí 15 años». Lo ha denunciado todo: el despido, los impagos, la temporalidad y los trienios. Cree que su cese es nulo e ilegal por llevarse a cabo mientras estaba incapacitado para trabajar, le deben diez nóminas, la legalidad obliga a hacer indefinida a una persona cuando en 30 meses ha estado contratada más de dos años con dos o más contratos temporales, y nunca le reconocieron la antigüedad.
Con Pepa Bozas la historia se repite. La ansiedad le obligó a cogerse la primera baja médica de su vida el pasado mes de septiembre, lo que le acabó costando el despido: «El ayuntamiento dirá que no me renovó, pero es que llevaba 22 años y medio trabajando y la temporalidad no puede existir en ese caso». Los ahorros acumulados a lo largo de su vida han sido lo que le ha permitido sobrevivir todo este tiempo sin cobrar. Todavía le deben siete meses, y algunos vecinos la siguen parando por la calle para preguntarle cuestiones relacionadas con su anterior puesto sin saber que ya no ejerce. Puede que la confusión venga de verla acudir día tras día a las puertas del consistorio para reclamar lo suyo y lo de sus compañeros. De lunes a viernes, un grupo de damnificados se concentra durante un cuarto de hora a las puertas del edificio en el que muchos aún trabajan para exigir sus salarios y pedir la dimisión de la alcaldesa, Marisa Murillo, que continúa guardando silencio; tampoco quiso dar su versión de los hechos a este periódico.
Las movilizaciones comenzaron a principios de 2021, cuando los trabajadores municipales explotaron ante unos impagos que se venían sucediendo desde 2018 y que se empezaron a acumular a finales de 2020. La mensualidad de enero de 2021 no la han cobrado hasta diciembre. A pesar de que esta situación afecta a un dos centenares de personas, apenas se reúnen una treintena: «Me sorprende mucho la poca conciencia social que hay, porque al final esto no es un problema laboral, es un problema social. Tienes a muchas familias sin cobrar desde hace mucho y no solo les afecta a ellas, sino también al comercio local, al padre o la madre que tiene que ayudar, al pueblo en sí, que se encuentra en la dejadez absoluta...», subraya Bozas.
«Me sorprende la poca conciencia social que hay, porque esto es un problema que afecta a todo el pueblo»
«Yo me siento decepcionado porque ni siquiera nuestros compañeros nos apoyan», lamenta Eduardo Maya, técnico de la oficina de turismo municipal, quien incluso tiene que pagar de su propio bolsillo la impresión de los folletos a repartir entre los visitantes para que el servicio funcione. Él, a diferencia de otros compañeros, sigue trabajando y, además, nunca se ha planteado dejar su puesto a pesar de las 11 nóminas que le deben (con las pagas extras prorrateadas).
«A mí lo que realmente me gusta es trabajar por mi pueblo, y me duele la injusticia que se está cometiendo porque yo entiendo que Alburquerque tiene una gran proyección a nivel turístico y, sin embargo, no se está haciendo absolutamente nada». Maya asegura que muchas veces tiene la sensación de que son ellos los ‘malos de la película’ cuando lo único que están haciendo es luchar por unos derechos laborales «por los que mucha gente ha muerto», defiende.
La política
Para Manolo Gutiérrez, portavoz de Independientes por Alburquerque (IPAL), la figura del exalcalde, Ángel Vadillo, ahora asesor, coordinador y también portavoz del equipo de gobierno tras ser inhabilitado por la justicia, tiene mucho que ver en esa falta de apoyo a nivel público. Dice de él que «provoca mucho miedo porque toma represalias contra quien no lo apoya y premia, ayuda y promociona al que va por el camino que él traza. Su sombra está ahí. Entre el miedo y los intereses, la gente se ha quedado en casa», argumenta.
«Yo no quiero ir de héroe ni destruir nada, solo pido que todo esto se normalice y la cosa no vaya a peor»
Mientras tanto, muchos de los afectados han tenido que recurrir a la familia para poder tirar hacia delante. Los padres de Pámpano le pagaron la hipoteca hasta que encontró trabajo en una fábrica de aceite, otros han tenido que acudir a entidades como Cáritas, y muchos se han beneficiado de las siete toneladas de alimentos y productos básicos que los trabajadores municipales de la localidad madrileña de Pinto donaron en diciembre.
Plantilla sobredimensionada
Ni los empleados, ni los grupos políticos de la oposición ni los habitantes del municipio reciben información concreta de lo que ocurre por parte del equipo de gobierno, pero prácticamente todos coinciden en una misma causa de origen: la sobredimensión de la plantilla del ayuntamiento. «Vadillo, en su obsesión por mantener el poder indefinidamente, necesitaba dinero para comprar voluntades y hacer contratos a discreción», acusa Gutiérrez. Juan Carlos Prieto, el único concejal con el que, a día de hoy, el PSOE cuenta en la localidad, manifiesta que «siempre han jugado con trampas hasta que ha llegado a ser insostenible».
Él fue uno de los pocos que resistió a un juego de dimisiones y tomas de posesión que ha acabado modificando la configuración de la corporación municipal y, con ello, el futuro del pueblo. La legislatura comenzó con cuatro ediles de Ipal y nueve socialistas. En mayo de 2021, el PSOE expulsó a estos últimos por negarse a aplicar un plan de ajuste para lograr reconducir la situación. Desde entonces se han ido sucediendo las renuncias hasta llegar a seis. Prieto permaneció en el partido, de tal forma que el equipo de gobierno se quedó con tan solo dos personas. La oposición pasó así a estar en mayoría con cinco concejales (cuatro de Ipal más Prieto por el PSOE), aunque esto duró poco, pues, una vez la Junta Electoral remitió actas nuevas a los suplentes, tres tomaron posesión.
Ante el empate a cinco entre concejales, el voto de calidad de la alcaldesa volvió a darles ventaja. La lista encabezada por Murillo, sin embargo, ha acabado, por lo que ahora el PSOE, como ganador electoral, tiene la oportunidad de nombrar a dos personas más para completar la corporación. Faltaría que la última integrante de la lista del equipo gobernante decida entrar a formar parte del mismo o renuncie como lo han hecho otros de sus compañeros. En cualquier caso, lo cierto es que el devenir de Alburquerque pasa a estar en manos de la oposición, que tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta con siete concejales.
«Ángel Vadillo necesitaba dinero para comprar voluntades y hacer contratos a discreción»
En esta tesitura, Ipal y PSOE se plantean dos alternativas para el próximo pleno del 27 de enero. La primera, nombrar a esos dos concejales socialistas y gobernar así el resto de lo que queda de legislatura hasta la celebración de las elecciones municipales en mayo de 2023. La segunda, la preferida, renunciar en bloque con la consiguiente disolución del pleno, ya que el grupo gobernante no sumaría más de la mitad de los ediles, como la ley exige. En ese caso, una gestora pasaría a hacerse cargo del ayuntamiento, y, si esta no lograra formarse, la Diputación de Badajoz. Esas son las dos opciones que hay sobre la mesa, pero la decisión aún no está tomada. El motivo, según explica Gutiérrez, son los vacíos legales con los que se están topando, que les han obligado a pedir un informe jurídico que les dé seguridad en sus planes y del que todavía están pendientes. La intervención de la Junta alargaría más la agonía del pueblo, por lo que no insistirán.
A priori, parece que los vecinos por fin empiezan a ver la luz al final del túnel, aunque hay algunos, como Maya, que no lo tienen tan claro: «Yo cada día estoy más pesimista porque veo que esto no se soluciona y que, encima, va en aumento». Aclara que no quiere «ir de héroe ni destruir nada», solo pide que Albuquerque vuelva a una normalidad que, al igual que el dinero y la estabilidad institucional, parece haber desaparecido en un agujero negro.
