La viabilidad económica de Alburquerque, con una deuda de unos 15 millones de euros que triplica el presupuesto anual del municipio, será el objetivo del equipo local de Gobierno que salga este martes de la moción de censura a la actual alcaldesa, la exsocialista Marisa Murillo, presentado por Independientes por Alburquerque (IPAL) y el PSOE.
Más de 120 procesos judiciales abiertos por reclamación de cantidades impagadas, entre ellas a proveedores y empresas de servicios básicos, e impagos de nóminas, hasta 13 meses en algunos casos es el panorama económico que los nuevos gestores municipales deberán afrontar.
Los siete concejales de la oposición (cuatro de IPAL y tres del PSOE) darán su voto al independiente Manuel Gutiérrez, quien le arrebatará la vara de mano del consistorio a Marisa Murillo, la persona que lideró la lista del PSOE en las últimas elecciones locales y que, a raíz de su gestión municipal, fue perdiendo ediles poco a poco e incluso expulsada del partido.
Cuando Murillo fue apartada del partido constituyó el grupo municipal no adscrito junto a varios concejales, lo que llevó al PSOE, que en los comicios locales obtuvo nueve ediles, a quedarse con un solo representante.
Sin embargo, con la marcha progresiva definitiva de quienes apoyaron a Murillo en el grupo de los no adscritos, el PSOE -al que le pertenecían las actas- trató de incorporar nuevos nombres de la lista electoral, pero se encontró con el problema de que nadie quería asumir el cargo. De hecho, los nuevos ediles socialistas fueron designados.
El acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones y que ha dado pie a esta moción de censura recoge que los siete ediles no cobrarán sueldo alguno por su labor municipal, por lo que deberán compaginarla con sus trabajos privados.
El primer paso será encargar una auditoría de cuentas que defina claramente las cuentas municipales y, a partir de ahí, diseñar tres planes: uno de viabilidad económica y financiera, otro de pago o de aplazamiento de deuda tanto con la Seguridad Social como con otras administraciones y un tercero de abono de nóminas a los empleados municipales.
De los 15 millones de euros de deuda aproximada, 6,6 son de deuda financiera, más de 1,7 millones corresponden a nóminas impagadas a los trabajadores, casi cinco millones por impagos a la Seguridad Social, y un remanente negativo de casi dos millones de euros.
