Suspendido por segunda vez el juicio contra el alcalde de Berlanga, Juan Manuel Ortiz, el exalcalde, Vicente Barragán, cuatro exconcejales del PSOE, la secretaria-interventora y el tesorero municipal, que se tuvo que celebrar esta mañana en la audiencia provincial. En esta ocasión el motivo ha sido que el ayuntamiento presentó, el pasado jueves, una causa de recusación a los tres jueces de la sala por si «pudiera ser que estuviera contaminada», según ha informado el presidente de la misma, José Antonio Patrocinio. Asimismo, ha manifestado a los acusados que «van a tener derecho a un juicio justo con un tribunal absolutamente imparcial».
La abogada de los trabajadores despedidos en este caso, María Teresa Valencia, ha explicado que la recusación planteada por el consistorio pone en tela de juicio la imparcialidad de los magistrados con el único objetivo de dilatar el proceso y conseguir tiempo, a su juicio, para poder presentar al actual alcalde a las próximas elecciones municipales. «Es una absoluta mala fe y tratan de tener réditos electorales», ha añadido la abogada de la acusación.
A partir de ahora, el juez le ha dado un plazo de tres días al ayuntamiento para que concrete la causa de recusación, el mismo tiempo que le dará después a cada una de las partes también. Con las conclusiones de todos los implicados, posteriormente será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el que resuelva si los miembros de la sala son imparciales o si se celebra el juicio con otro tribunal. Valencia no ha podido concretar cuanto se puede demorar el proceso pero tardará meses.
El fiscal solicita 6 años para el excalcalde, 4 años y 9 meses para el actual alcalde y el resto de concejales socialistas de la legislatura 2011-2015, así como 5 años para la secretaria y 3 años y medio para el tesorero. A todos se les imputan delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa.
Los hechos se remontan a la legislatura 2011-2015, cuando Vicente Barragán era alcalde y Juan Manuel Ortiz concejal. Según el ministerio público, el tesorero creo un apunte contable falso para la autorización, disposición y ordenación de pago por importe de 826.000 euros para construir «una supuesta» residencia de mayores en el municipio. Esto provocó un desequilibrio presupuestario, que llevó al consistorio a elaborar un plan económico financiero y que se tradujo en el despido del director de la radio municipal y de un encargado de obras que acababan de obtener sus plazas por oposición.
Ambos trabajadores llevaron a los tribunales su despido, que fue declarado improcedente, y a raíz de la investigación, los concejales de IU en Berlanga denunciaron en el juzgado la presunta manipulación de datos contables.
