Un hombre se sentará este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusado de golpear y maniatar a una vecina de la localidad de Higuera la Real para robarle en su casa. La fiscalía pide para él por estos hechos, que ocurrieron el 6 de abril de 2020, una condena 10 años de cárcel: cinco por un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada, y otros 5 por detención ilegal. Además, solicita la pena de tres meses multa con una cuota diaria de 6 euros por un delito leve de lesiones y una indemnización de 493 euros.

Según el escrito de la fiscalía, el inculpado quedó con la víctima, que era su vecina, para visitarla en su casa, por lo que esta dejó la puerta de su domicilio abierta. Pero cuando el hombre llegó a la vivienda, nada más entrar y encontrarse con ella, «con la intención de menoscabar su integridad física», le propinó varios puñetazos en la cara y el cuello, de donde la agarró «fuertemente», hasta tirarla al suelo. Cuando estaba aturdida por los golpes, según el ministerio fiscal, el acusado la maniató, atándole las manos y las piernas, y tapó su boca con cinta americana y aislante.

Con la víctima fuera de juego, el procesado rebuscó en el salón y el dormitorio principal del domicilio, que dejó completamente revuelto y con el contenido de los cajones por el suelo, en busca de dinero. Al no hallarlo, el hombre arrebató a la mujer en anillo de oro que tenía en uno de sus dedos y huyó del lugar, dejándola atada.

No fue hasta al menos una hora después cuando la víctima pudo liberarse. A consecuencia de los golpes que recibió, sufrió un hematoma en la región mandibular derecha y el labio superior, una contractura cervical y excoriaciones en los brazos. Además, tras el violento episodio presentaba síndrome ansioso postraumático.

El acusado fue detenido al día siguiente de los hechos y el juez decretó su ingreso en prisión. El 23 de julio de 2021 se acordó su libertad provisional, con la prohibición de entrar en Higuera la Real ni de acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante la tramitación de la causa.

La fiscalía pide que estas medidas se mantengan, una vez que se dicte sentencia, durante un periodo de 8 años.