El exalcalde de Oliva de la Frontera y actual concejal de Colectivo Independiente Olivarero (CIO) en el ayuntamiento, Juan Antonio García Torres, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo 18 de octubre acusado de un delito de falsificación de documento oficial y de otro continuado de prevaricación administrativa, por conceder ayudas "ilegales" para el pago de la tasa del agua potable a los vecinos y desviar para ello fondos de Promedio destinados a obras, que nunca llegaron a ejecutarse. Por estos cargos, la fiscalía pide para él una pena de 4 años y seis meses de cárcel y de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como el reintegro de 55.648 euros a las arcas municipales.
En la causa también está procesado el arquitecto municipal que fue designado por el por el alcalde como técnico director de las citadas obras, para quien el fiscal solicita 20 meses de prisión por un delito de falsificación de documento público.
Según el escrito del ministerio público, García Torres, alcalde de Oliva de la Frontera de junio de 2011 al mismo mes de 2015, aprobó, "a pesar de conocer su completa ilegalidad" por las notas de reparo emitidas la Intervención Municipal, la concesión directa de distintas subvenciones a vecinos de la localidad por razones sociales para "paliar el descontento" que había ocasionado el incremento del coste del agua derivado del convenio suscrito entre el ayuntamiento y el Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Provincia de Badajoz (Promedio).
Estas ayudas se concedieron para los cuatro trimestre de 2013 y el primero de 2014, con un importe total de 52.44,19 euros. El 14 de enero de 2014, tras iniciarse el expediente administrativo para otorgar estas subvenciones, el interventor municipal emitió un informe de reparo, advirtiendo de que adolecía del convenio suscrito entre el ayuntamiento y los beneficiarios, por lo que el procedimiento para la concesión directa de las ayudas no era el adecuado. Además, también ponía de manifiesto que no existía documentación que acreditara que los beneficiarios cumplían los requisitos para recibirlas.
A pesar de estas advertencias, según la fiscalía, García Torres firmó el 14 de enero de 2014 un decreto de alcaldía que resolvía la continuidad de la tramitación del expediente concediendo la subvención por razones sociales y de interés públicos a cada sujeto pasivo de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable. En total, se repartieron entre los vecinos de Oliva de la Frontera 8.280.68 euros. De nuevo, en mayo y en septiembre de ese mismo año firmó otros decretos similares que acordaban ayudas de 11.591,06 y 9.913,97 euros y de 15.015,60 y 7.642,79 euros, obviando otra vez las ilegalidades advertidas por el interventor.
El ministerio público sostiene que los fondos empleados para estas ayudas tenían su origen en otras subvenciones concedidas por Promedio al Ayuntamiento de Oliva de la Frontera para la reforma de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua. En concreto, en 2013 se suscribió un convenio entre ambas destinado a subvencionar con 27.832 euros la renovación de instalaciones y abastecimiento y depuración de la piscina municipal. La mitad de la ayuda se entregó tras la firma del acuerdo y la otra mitad quedó pendiente para cuando la obra estuviera recepcionada y justificada. Pero el dinero no se destinó a estas actuaciones, que no llegaron a realizarse.
A pesar de ello, el 1 de julio de 2013, el arquitecto técnico municipal emitió un informe acreditando que las obras se habían concluido y ejecutado por el importe subvencionado por Promedio, con la intención de obtener la parte de la ayuda restante. El técnico y el alcalde firmaron el acta certificando que los proyectos se habían realizado conforme a la memoria aprobada, "a sabiendas de su falsedad", según la fiscalía. Del mismo modo actuaron los dos investigados con el expediente del convenio firmado con el consorcio provincial para la renovación de infraestructuras del agua. por el que el ayuntamiento recibió 27.816 euros. Este importe tampoco se destinó a lo que estaba previsto y, sin embargo, los dos acusados firmaron el acta de finalización de la obra "verificando falsamente" que se había ejecutado. Todos los documentos se remitieron a Promedio, que pagó la totalidad de ambas subvenciones.
En su escrito, el ministerio público también acusa al alcalde de haber adjudicado la explotación de un quiosco-bar ubicado en la plaza de las Madronas al único postor que concurrió al concurso público, pese a que el licitador "no cumplía" los requisitos exigidos por la mesa de contratación ni poseía la documentación exigida en el pliego de condiciones. Según la fiscalía, el exalcalde lo adjudicó "sin tan siquiera comprobar la oferta". El adjudicatario "disfrutó" de la explotación de este bien municipal de junio de 2012 a junio del 2015 "sin haber satisfecho el correspondiente precio" y sin que García Torres, que representaba a la corporación municipal, realizara el cobro del mismo o la anulación de la concesión.
