"Es una venganza política". Es lo que asegura el exalcalde de Oliva de la Frontera y actual concejal de Colectivo Independiente Olivarero (CIO), Juan Antonio García, sobre las acusaciones por prevaricación administrativa y falsificación de documento oficial que lo han llevado al banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz. No lo ha dicho ante los magistrados, sino a la salida de la vista oral, que se ha suspendido este martes por la mañana después de que su defensa, ejercida por el abogado Juan María Calero, alegara en el turno de cuestiones previas una "manipulación de pruebas" relevantes en el caso. El letrado ha planteado la nulidad del juicio y una investigación para esclarecer la presunta falsedad y alteración de los documentos sobre los que se asienta la querella contra el exalcalde y el exarquitecto técnico municipal, a quien también representa.
La fiscalía y el Ayuntamiento de Oliva, en calidad de acusación particular, acusan al exalcalde de conceder subvenciones "ilegales" a los vecinos para el pago de la tasa de agua potable domiciliaria y financiar estas ayudas con fondos para obras procedentes del Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, que nunca se llegaron a realizar, pero que tanto García Torres como el arquitecto certificaron como ejecutadas y abonadas. Para el primero, el ministerio público pide 4 años y seis meses de prisión por el delito de falsificación de documento oficial y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público por el de prevaricación administrativa, mientras que para el segundo solicita 20 meses de prisión por el falsear documentación oficial.
"No hay nada que no tenga su explicación", ha afirmado el exalcalde de Oliva de la Frontera, quien ha insistido en que la querella contra él, interpuesta por el ayuntamiento en 2016 cuando gobernaba el PSOE y ampliada en posteriormente, solo responde a intereses políticos. Ambos procesados han negado las acusaciones y aseguraron que las obras financiadas por Promedio están "ejecutadas y pagadas" con las partidas concedidas para este fin por el consorcio provincial y que las subvenciones destinadas a rebajar el importe de la tasa de agua potable a los vecinos se sufragaron "con fondos propios". "Casualidad que eran cantidades similares, que es por lo que ellos (en referencia a los socialistas) han estado buscando y rebuscando a ver en qué nos pueden pringar, porque esto es una venganza política, lo diré hoy, mañana y pasado. Pero estoy segurísimo de que cada cosa se va a poner en su sitio y que el juez así lo va a decir", ha confiado García Torres.
El abogado de los acusados ha defendido que en las pruebas documentales presentadas por las acusaciones "se han eliminado documentos esenciales, como la existencia, realización y pago de estas obras" y se aportan otros "falsos", por lo que, de continuar la vista oral sin que la sala compruebe la veracidad de las mismas, implicaría la vulneración del derecho "a un proceso justo e incluso a la presunción de inocencia" de sus clientes, ha defendido. El letrado ha apuntado que uno de los informes que no aparece es el que la propia alcaldesa del municipio, Luisa Osorio, pidió a un arquitecto en el que, según ha asegurado, se acreditaba que las citadas obras "estaban hechas". Por este motivo, se presentó presentó una querella contra ella, que el Juzgado de Jerez de los Caballeros no admitió, pero, según Calero, no porque no existieran indicios, sino porque el juez entendía que antes había que resolver la causa contra el exalcalde.
La fiscalía y la acusación particular se han opuesto a las pretensiones de la defensa al entender que no existe indefensión y que lo expuesto se puede dirimir durante el procedimiento judicial , pero el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, tras un receso para analizar las cuestiones planteadas por el abogado de los procesados, ha determinado suspender el juicio y dar un plazo de 10 días hábiles a este último para que las presente por escrito y aporte los documentos que dice se han eliminado, así como aquellos que supuestamente se han manipulado. "Es importante que los tribunales actuemos con prudencia y rigor", ha defendido Patrocinio, quien ha considerado necesario analizar con detenimiento las alegaciones de la defensa al tratarse de una cuestión "compleja y clave", que podría llevar a la nulidad de las pruebas.
Apoyo vecinal
Este lunes por la noche, ante la celebración del juicio de este martes, de manera espontánea y convocados a través de las redes sociales, unos 200 vecinos de Oliva de la Frontera se concentraron junto a la casa del exalcalde para mostrarle su apoyo y darle ánimos. García Torres gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015 y no concurrió a los siguientes comicios, en los que en gobierno quedó en manos del PSOE. En las últimas elecciones municipales CIO ganó por un voto a los socialistas, pero un pacto de PP y PSOE, que incluía el reparto de la alcaldía, impidió que los independientes se hiciesen con el bastón de mando.
