Los recursos para luchar contra el maltrato machista

Badajoz tiene a 36 mujeres con orden de protección por violencia de género

El 83% de las que se han pedido en el juzgado en los últimos tres meses han sido aceptadas, pero desde las asociaciones subrayan que muchas veces «no se dan en situaciones de riesgo evidente»

Una de  las actividades en Badajoz para evidenciar las consecuencias de la violencia machista.

Una de las actividades en Badajoz para evidenciar las consecuencias de la violencia machista. / LA CRÓNICA

Rocío Sánchez Rodríguez

Rocío Sánchez Rodríguez

Cuentan que les llegan mujeres «adormecidas» porque han acudido a su médico de cabecera con un cuadro de depresión o de ansiedad, o ambas cosas, y que les han recetado pastillas como ansiolíticos, pero en el diagnóstico no se ha ido más allá. «Hay veces que hay que escuchar un poco más para saber qué esta ocurriendo, por eso insistimos en la formación del personal sanitario». Quien lo explica es Marta Franco, trabajadora social y coordinadora de la asociación Victoria Kent en Badajoz, una entidad que desde 2019 ha atendido a más de 100 mujeres víctimas de la violencia de género. A ellas les derivan usuarias a través de los servicios sociales del ayuntamiento, la oficina de Igualdad, o los centros de salud. Allá donde no llegan los recursos de la Administración son estas asociaciones las que ofrecen asistencia a las mujeres.

Entre ellas, ahora mismo prestan apoyo a varias que viven con una orden de protección. «Tenemos un caso en concreto de una chica cuyo agresor se ha saltado ya dos veces la orden de alejamiento», pone como ejemplo.

«No siempre se da»

Los datos oficiales del Ministerio de Igualdad dicen que actualmente hay 36 mujeres con orden de protección activa en el partido judicial de Badajoz (que incluye además de la capital pacense y las pedanías, los municipios de Guadiana, La Codosera, Talavera la Real, San Vicente de Alcántara, Valdelacalzada y Villar del Rey).

Asimismo, las cifras dicen que el 83% de las que se han sido solicitadas en los últimos tres meses, han sido concedidas. Pero desde la asociación Victoria Kent tienen otro punto de vista: «Vemos situaciones en las que es evidente que es necesaria la orden de protección pero el juez decide no darla».

¿Y son suficientes los recursos que incluye esa orden? «Depende de la gravedad, cuando la víctima está valorada como de riesgo alto, creemos que no se actúa como correspondería», explica Franco.

Junto a ella está otra trabajadora social, Sara Fernández. Ofrecen sobre todo ayuda psicológica: «La terapia es fundamental para recuperarte de una situación de violencia machista. Lo primero en lo que trabajamos es en la toma de distancia con el agresor; es algo fundamental». En este sentido, uno de los principales problemas con lo que se encuentran en la situación económica de la mujer. «Pasa sobre todo con las más mayores, que no tienen un trabajo para poder ser independientes, y eso lo complica todo, porque la violencia que se ejerce también es económica, hay algunos que incluso las dejan con deudas».

Ambas trabajadoras sociales insisten en lo fundamental que es ese acompañamiento de las víctima para poder escapar de la violencia. Y en este sentido, a sabiendas de cuál es la función que tienen en ese proceso de recuperación, lamentan la falta de recursos de que disponen las asociaciones que, como el caso de la de Victoria Kent, luchan contra el maltrato machista. «Nosotras vivimos de las subvenciones que nos llegan principalmente a través del Pacto de Estado por la Violencia de Género. Pero este año se han retrasado esas ayudas y hemos estado seis meses sin psicóloga. Hay que remarcarlo porque sin personal no podemos desarrollar nuestra labor».

Las claves

  1. ¿Qué es la orden de protección? Es un instrumento legal de protección que concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas. Puede solicitarla cualquier víctima de actos de violencia física o psicológica por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
  2. ¿Dónde se puede presentar? A través de un formulario formalizado y único en el juzgado, la Fiscalía, las comisarías, los puestos de la Guardia Civil, las dependencias la Policía Local, las Oficinas de Atención a las Víctimas, en los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas y en los servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.
  3. ¿Cuáles son las medidas penales? En función del riesgo que se establezca por parte de los efectivos policiales una vez analizada la situación, las medidas penales para el agresor puede ser privativas de libertad (prisión provisional), la prohibición de aproximación, la prohibición de residencia, la prohibición de comunicación así como la retirada de armas u otros objetos peligrosos.
  4. ¿Cuáles son las medidas civiles? La atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, también el régimen de prestación de alimentos y cualquier medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio. Estas medidas deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal. Tienen una vigencia temporal de 30 días.
  5. ¿Y las medidas de asistencia? La Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia; una ayuda económica según el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, gestionada por las comunidades; el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, derechos laborales y de Seguridad Social, y la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Solicita ayuda en el 016

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10.

También puedes llamar a la Policía Nacional (091), a la Policía Local (092) y a la Guardia Civil (062).