Piden 7 años de prisión para un acusado de estafar casi 500.000 euros en la compra de jamones a un empresario de Higuera la Real

Siete años de prisión y una multa de 18 meses a razón de 10 euros al día. Es la pena que solicitan la fiscalía y la acusación particular para un acusado de estafar 488.000 euros, valiéndose de su sociedad, en la compra de jamones a un empresario de Higuera la Real. La defensa del procesado, que negó que hubiera existido engaño previo al denunciante por parte de su cliente y que, por lo tanto, los hechos no se podían calificar como un delito de estafa, pide su absolución. El juicio quedó visto para sentencia este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Los hechos juzgados se remontan al año 2019. Según la tesis del ministerio público, el acusado creó en 2018 una sociedad mercantil, también imputada en esta causa, para la producción de eventos musicales, sin capital, carente de solvencia, con un domicilio meramente formal y con una cuenta bancaria como único instrumento financiero.  

Es con esta empresa «zombi», en palabras del fiscal, de la que era administrador único es con la que entabla una relación comercial en 2019 con el empresario de Higuera la Real, al que en un primer momento compró una partida de jamones, que pagó por adelantado con 10.000 euros.

De esta forma, según la fiscalía, generó «un principio de confianza» del que se aprovechó después para realizar hasta siete pedidos de jamones, entre el 5 de agosto y el 8 de octubre de 2019, por valor de 488.000 euros, que presuntamente abonó con pagarés sin fondos. «Esto es el timo del nazareno», aseguró el fiscal, quien modificó su escrito final para calificar los hechos como un delito de estafa agravada por superar los 250.000 euros.

La acusación particular, en manos del abogado Ramón García Moreno, sostiene la misma versión de los hechos, que reforzó con el argumento de que el acusado, que niega él comprara los jamones, si no que lo hizo un tercero, era el único responsable de la estafa porque cuando la mercancía salía de la empresa de Higuera la Real «está facturada y corresponde a unos albaranes firmados por el acusado, que realiza la compra a través de su sociedad».

Siempre a él

El perjudicado, en su declaración ante el tribunal en calidad de testigo, explicó que conoció al investigado cuando recurrió a un empleado de una entidad de préstamos hipotecarios dada la delicada situación que atravesaba su empresa en esos momentos. «Empezó comprando poco, yo necesitaba vender y me dejé llevar. Primero pagó por adelantado, luego me dio talones, pero en las cuentas nunca había dinero. Cuando quise dar con él, fui a Madrid; allí no conocían sus oficinas y me fui a comisaría», relató. Además, aseguró que siempre le vendió los jamones a él y no a un tercero.

El testimonio del acusado dista mucho de los anteriores. Según declaró durante el juicio, todos los jamones que compró al empresario a través de su sociedad los pagó. Explicó que solo tenía certificado para comercializar productos fuera de la norma del ibérico, por lo que lo único que hizo fue ejercer de intermediario entre el empresario de Higuera la Real y un corredor que trabajaba con una empresa distribuidora que abastecía a un a conocida cadena de supermercados para que diera salida a la mercancía.

«Pagarés de favor»

El investigado aseguró que ni siquiera intervino para cerrar el negocio y que lo que hacía era emitir «pagarés de favor» a nombre del perjudicado porque así lo acordaron, ya que este último le dijo que tenía todas sus cuentas embargadas. «Yo los firmaba y ponía la fecha y la cantidad que me decía él», dijo. Así, según su versión, los jamones llegaban a un tercero y en la cuenta de su sociedad recibía el dinero para cubrir esos pagarés. «No estaban pagando según lo convenido y le dije que no le mandara más jamones», afirmó.

El abogado de la defensa, Valentín Vela, insistió en que su cliente -que fue condenado en 2017 por estafa- no había engañado al denunciante mostrando falsa apariencia de solvencia, porque el empresario conocía su precaria situación económica, así como que estaba «en prisión» cumpliendo un tercer grado. «Sabía que no tenía donde caerme muerto», llegó a decir el investigado. Además, el letrado negó que se pudiera hablar de timo del nazareno, porque para ello es necesaria la venta a pérdidas y «eso no se ha demostrado».

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular reclama a la sociedad mercantil, y solidariamente al acusado, una indemnización de 488.000 euros.